Así será el ingreso mínimo vital que permitirá cobrar hasta 1.100 euros al mes

Pedro Sánchez anunciaba este sábado en sun comparecencia semanal sobre la crisis del coronavirus en España que este amrtes se procederá a la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV). Esta nueva línea de ingresos en las situaciones de mayor vulnerabilidad se empezará a comprar ya en el mes de junio, recibiéndose una cantidad que puede superar los mil euros mensuales. La cifra, como ocurre con cualquier tipo de pensión estatal, no será fija, por lo que variará según las condiciones de cada cobrador. Esta renta ha sido uno de los puntos más destacados dentro de la negociación entre PSOE y Podemos que acabó con el primer gobierno de coalición de la democracia en España. Tras varias polémicas, ahora el Ejecutivo acelera la maquinaria estatal para que en plena pandemia del coronavirus ya empiece el correspondiente pago del ingreso mínimo vital. ¿Quién la puede cobrar? El ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones ha dado a conocer los pormenores de esta nueva renta pública.

El ingreso mínimo vital (IMV), renta con la que el estado pretende combatir la pobreza y que será aprobada en el próximo Consejo de Ministros, oscilará entre los 461 y algo menos de 1.100 euros, según ha adelantado este domingo el titular de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá.

En una entrevista que hoy publica El Periódico, el ministro explica que el ingreso vital llegará a 850.000 familias, que agrupan a unos 2,3 millones de personas.

El Gobierno se plantea que, en primera instancia, el IMV llegue a los hogares con un ingreso por unidad de consumo inferior a unos 230 euros al mes.

Esa cifra, ha precisado el ministro, «se corresponde con el veinte por ciento más pobre de la sociedad española». «Ahí hay unos 600.000 hogares, según nuestras estimaciones. Pensamos que con el IMV sacamos fuera de la pobreza extrema al 75 por ciento de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda«, ha agregado.

El acceso a esta prestación lo tendrán aquellos hogares que tengan unos ingresos y un patrimonio «por debajo de un umbral« que el Gobierno va a fijar »para cada una de las catorce tipologías« que definirá, »sin tener en cuenta la vivienda habitual«, ha puntualizado. »Complementaremos la renta de esos hogares hasta el umbral de renta mínima que resulte en cada caso«, ha indicado.

El ministro ha adelantado que se fijará un tope de patrimonio a partir del cual no se puede pedir acceder al ingreso. Ese límite está tasado en el caso del País Vasco en 35.800 euros. «Será menor», ha dicho Escrivá, quien sin embargo no ha avanzado la cuantía.

Respecto a la renta que no se podrá superar para tener acceso a la prestación, el ministro ha explicado que, inicialmente, «para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas«.

«Hay que entender que la prestación no es una cantidad fija. Es un complemento hasta llegar al mínimo que corresponda. Este es el cambio fundamental«, ha remarcado.

A partir de los 461 euros para un hogar formado por un adulto, ha informado, se aplicará una serie de coeficientes multiplicadores, en función del tipo de familia y del número de menores, «con un añadido para los hogares monoparentales, que en un 80 por ciento son mujeres», ha puntualizado.

La implantación de esta prestación, ha indicado, obligará a su vez a las autonomías «a redifinir sus prestaciones, teniendo en cuenta que a partir de ahora habrá un mínimo estatal garantizado».

Escrivá ha incidido en que «un porcentaje significativo de beneficiarios« del nuevo ingreso »será de origen extranjero, siempre que se constate que tenga residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, que forma parte de un hogar durante un año y que cumple las condiciones«.

Según las previsiones del Gobierno, «en junio podrían cobrar quienes se beneficien del pago de oficio«.

El Gobierno, en la búsqueda de la implicación del sector privado, creará también el llamado «sello social«, dirigido a »empresas que ayuden a encontrar empleo« a los perceptores del IMV, cuya implantación supondrá un coste para el estado de unos 3.000 millones.

Escrivá ha afirmado que «nunca» entendió «que existieran» diferencias con el vicepresidente Pablo Iglesias para el diseño del IMV, y respecto al acuerdo alcanzado con Bildu para la derogación de la reforma laboral ha señalado que «el compromiso está ahí y algunas de las medidas ya se han adoptado».