La Inspección de Trabajo vigilará que se pague el salario mínimo sin ningún descuento ni rebaja

La derogación del decreto ómnibus en el Congreso no solo afecta a las pensiones, el IMV, los autónomos, el IRPF o las ayudas a los coches eléctricos o la vivienda, sino que tiene una importante repercusión sobre aquellos trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI). El salario mínimo se retrotrae a la cifra de 2023, que era de 1.080 euros al mes en 14 pagas, y esta situación se mantendrá hasta que se acuerde una nueva alza para el salario mínimo de 2025, algo que actualmente están negociando los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo.

Por este motivo el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha advertido este viernes, dos días después de que decayera el decreto, de que la Inspección de Trabajo vigilará y sancionará a cualquier empresa que pague a sus trabajadores menos que el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024, pese a quedar sin efecto su prórroga.

Pérez Rey, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha recordado que la Dirección General del Trabajo ha dictado una instrucción que establece que, «en todos los casos», ya sea para nuevos o viejos contratos, el SMI es el de 2024, es decir, de 1.134 euros al mes por catorce pagas.

Según los expertos laboralistas, no puede pagarse un salario inferior a 2024 porque la norma tiene carácter retroactivo y, aunque se apruebe más tarde en el tiempo, su efectividad arranca el 1 de enero. Por ello, si durante estos próximos días algún trabajador (hay 2'5 millones que reciben el SMI) cobrara menos, lo recuperaría posteriormente.

Rodríguez de La Calle cree que la intervención de la Inspección de Trabajo vuelve a ser una declaración de intenciones, ya que esto excede la competencia del organismo por al no haber autoridad de la Dirección General sobre la inspección y, además, porque «estas competencias de ejecución de la legislación corresponden a las comunidades autónomas, no al ministerio».

En la actualidad, Gobierno y sindicatos negocian una subida de 50 euros al mes, pero los empresarios solo aceptar incrementarlo en 34 euros. Sobre la subida del SMI del 3% propuesta por la patronal para 2025, frente al incremento del 4,4% planteado por Trabajo, Pérez Rey ha agradecido que CEOE haya hecho una oferta para incrementar el salario mínimo, pero la ve insuficiente porque «no cumple con ese estándar internacional de que el salario mínimo español se sitúe en el 60% del salario medio». Por ello, ha emplazado a la CEOE a ser «más ambiciosa» en su propuesta.

«La última vez que hemos actualizado el 60% del salario medio en nuestro país fue el año pasado y nos dio como resultado 1.134 euros. Por lo tanto, cualquier intento empresarial, cualquier nueva contratación que quiera situarse por debajo de los 1.134 euros puede ser objeto de investigación por la Inspección e incluso, en su caso, de sanción», ha insistido.

De este modo, el 'número dos' de Trabajo ha dejado claro que «no es posible pagar salarios por debajo del SMI» pese a que haya caído la prórroga legal como consecuencia de «la maniobra parlamentaria insensata del Partido Popular».

«El Ministerio de Trabajo ha dejado claro que es imprescindible, tanto por motivos constitucionales como por motivos relacionados con los tratados internacionales que España tiene suscritos, seguir respetando íntegramente, en todos los casos y en todas las circunstancias, el salario mínimo interprofesional, y hemos alertado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que esté vigilante de cualquier intento, que espero que no suceda, de rebajar o de perjudicar a los trabajadores que menos ganan», ha explicado.

Así, Pérez Rey ha destacado que la Constitución garantiza y exige que el salario tiene que ser suficiente para el trabajador, y que la Carta Social Europea, firmada por España, determina que el SMI tiene que ser equivalente al 60% del salario medio.

El Gobierno sigue negociando la subida para 2025, que cuando se produzca tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Mientras tanto, ha pedido «tranquilidad», porque «el Ministerio de Trabajo no va a tolerar ninguna, ninguna actuación que puedan repercutir negativamente en cantidades que la gente ya necesita íntegramente para llegar a fin de mes».

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