Las inversiones en energías renovables se atascan por falta de técnicos en la Generalitat

Las empresas tienen hasta 5.000 millones de euros listos para invertir en instalaciones de energías renovables en entornos rurales de la Comunitat, fundamentalmente fotovoltaicas, que generarían 3.000 puestos de trabajo en los próximos tres años. Así lo aseguró ayer el presidente de la patronal Avaesen, Marcos Lacruz, en una jornada sobre propuestas energéticas en la que reclamó «condiciones adecuadas» para poder hacerlo a los partidos con representación en Les Corts.

Falta personal, fue el diagnóstico unánime ante las trabas burocráticas denunciadas por el sector durante años y las demoras administrativas que sextuplican los plazos de tramitación en relación a otras regiones vecinas.

Para Blanca Marín (PSPV), Graciela Ferrer (Compromís) y Julià Álvaro (Podemos), la solución pasa por reforzar la plantilla de técnicos de la Generalitat, mientras Vicente Casanova (PP) aboga por «potenciar la colaboración con colegios profesionales para suplir las carencias de personal, sin caminar hacia una administración más y más engordada», y Carlos Gracia, de Ciudadanos, por reducir de diez a siete el número de consellerias para ser más eficientes en la gestión de recursos.

A lo largo de la jornada, se insistió en la necesidad de agilizar los trámites para fomentar las inversiones e impulsar el autoconsumo, tanto en instalaciones particulares como compartidas, y también en edificios públicos, centros educativos o sanitarios para que la administración pública «dé ejemplo» en este ámbito.

La representante de Compromís propuso incluir la «eólica marina» en «un nuevo plan eólico con instalaciones a más pequeña escala y que aproveche los kilómetros costeros», pero el resto lo descartaron por el impacto turístico de colocar molinos frente a las playas, entre otros reparos técnicos y competenciales.

Tras cerrar la legislatura casi en blanco en este ámbito, con sólo dos zonas liberadas y 50 megavatios aprobados, las recetas para reactivar esa actuación pasan por el «plan renove» de Ciudadanos o la«repotenciación de aerogeneradores, mediante la incorporación de tecnología» del PSPV.

En materia de movilidad sostenible, Podemos reclama 10.000 'electrolineras' hasta 2024, el PSPV lo secunda, Ciudadanos insta a renovar la flota del transporte público y el PP carga contra la «demonización del diésel», y también contra adelantar a 2021 el cierre de Cofrentes como plantearon desde el Botànic en Les Corts.

Únicamente Julià Álvaro replicó que actualmente sí se compraría un vehículo eléctrico, además de mostrarse a favor de incentivar esas adquisiciones, mientras Blanca Marín abogó por una «transición ordenada» con apoyos también para la industria de la automoción -al igual que el PP- y fórmulas para compartir vehículos, como las que usan sus hijos. «Yo me pensaría lo de comprar un eléctrico porque a lo mejor no es el futuro, ¿y si es el hidrógeno?», planteó Casanova, mientras desde Compromís y Ciudadanos afirmaron que llegado el momento, lo estudiarían.