La inyección de 22 millones del IVF a la SGR que aprobó Soler en plenos recortes, en el aire

La Conselleria de Hacienda «no ha tomado ninguna decisión todavía» sobre la inyección de 22 millones a la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat (Afin SGR) por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), operación desvelada por LAS PROVINCIAS y que fue aprobada por el titular de ese departamento y presidente del IVF, Vicent Soler, en pleno diseño de los recortes de 365 millones en el presupuesto público.

La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, aseguró ayer, en una entrevista en Plaza Radio, que «no se ha tomado ninguna decisión todavía», sino que «está valorándose«.

Preguntada por esa millonaria operación, destacó que la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat «es un instrumento financiero para las pymes valencianas, que las empresas siguen reclamando de alguna forma, y el Gobierno valenciano tiene que estar ahí«.

Mira, que también forma parte del consejo del IVF que aprobó esa inyección de fondos, afirmó que están «estudiando la vía de poder participar en la SGR desde el Gobierno valenciano, como exigen las empresas valencianas, de forma más intensa, lo que quiere decir seguir aportando dinero a la SGR que sirva de avales a la pyme valenciana«.

Al respecto, recalcó que cualquier operación en ese sentido debe estar «sujeta a toda la normativa exigible tanto en materia de ayudas de Estado de la Comisión Europea como de política financiera». «Estamos en ello, no se ha tomado ninguna decisión todavía, está valorándose», dijo sobre una operación que sigue en el aire, pendiente de cuestiones como el visto bueno de la Dirección General de Fondos Europeos.

Desde la Conselleria de Hacienda aseguraron ayer a este periódico que no se han producido novedades al respecto. Cabe recordar que esa inyección de fondos del IVF –entidad de derecho público– a la SGR, entidad avalista de naturaleza privada y que en 2012 ya fue rescatada con fondos públicos, quedó condicionada a que la Dirección General de Fondos Europeos confirme que no constituye una ayuda de Estado.