Al frente de UGT-PV desde mayo de 2016, Ismael Sáez afronta esta semana la celebración del IX Congreso Nacional Ordinario del sindicato con el objetivo de consolidar, y realizar algún «ajuste práctico, a la «gran reestructuración» realizada hace cinco años.
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–¿Qué retos tiene por delante?
–Los objetivos del sindicato son los mismos, es decir, la acción sindical diaria: mejorar los servicios a los comités de empresa en la medida de convenios colectivos o ERTE que se puedan producir y la multitud de conflictos que se plantean entre empresas y trabajadores. Por otra parte, como consecuencia de la pandemia, firmamos el acuerdo 'Alcem-nos', que ha tenido reflejo en los presupuestos de 2021 y tenemos que vigilar que se cumpla. Y soy un convencido de que si queremos aumentar nuestra capacidad de intervención en un mundo globalizado, debemos reforzar el sindicalismo en Europa. Esa propuesta la llevaremos al congreso confederal que se celebrará en Valencia en mayo. El mundo del trabajo necesita un interlocutor capaz de defender los intereses frente a grandes empresas o fondos de inversión.
–Han tenido también un papel relevante en la reclamación de una mejor financiación, que ahora se retrasa de nuevo.
–Quizá hemos tenido un protagonismo excesivo pero creemos que es determinante para que la Administración valenciana pueda jugar un papel relevante en la economía en el sentido de decidir con recursos públicos cómo orienta la economía. Si queremos tener una economía en la que, además de hacer muchas cosas, las hagamos mejor, es decir, con mayor innovación, valor añadido y más capacidad para competir con mejora de productividad, la necesitamos.
–Se acerca el 1 de mayo. ¿Es más necesario que nunca debido al contexto de crisis y desempleo?
–Es un día de conmemoración universal de progreso, entendido como justicia social y defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos unas circunstancias críticas no sólo por la pandemia, sino porque vivimos una crispación política inaceptable e insoportable que perjudica los intereses de los ciudadanos. Y, por eso, patronal y sindicatos tenemos la oportunidad de hacer una demostración de sensatez, sentido común y responsabilidad. Deberíamos ser capaces, entendiendo que las reformas del PP en pensiones o trabajo deben ser derogadas, de llegar a un acuerdo porque eso da perdurabilidad a las reformas.
–Llevan ya tres concentraciones para pedir al Gobierno que cumpla sus compromisos en materia de salario mínimo, reforma laboral y reforma de las pensiones. Pero hay voces que consideran que no es el momento.
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–No tengo la sensación de que esa doctrina que ha gobernado la economía en Occidente desde hace 40 años haya dado frutos especialmente favorables. Ahí está nuestro declive en relación a otras economías, como la china o americana, la crisis de 2008 o las desigualdades crecientes dentro de los propios países. Por tanto, no me parece que sea un modelo económico de éxito. El objetivo de elevar el SMI al 60% del salario medio (objetivo que deberíamos conseguir en el ámbito de la UE) se podrá cumplir o no esta legislatura. ¿Cuál sería la repercusión de esa subida? ¿Nueve euros? ¿Dónde está el drama? Creo que es asumible y no perjudica a le economía. Y en la reforma laboral hay que actuar en la dualidad de nuestro mercado de trabajo porque la temporalidad es cada vez más excesiva.
–El ministerio presentaba la propuesta del pago único de hasta 12.000 euros a quienes retrasen su jubilación. ¿Es la solución?
–Escrivá, y es lo que reprocho, se convierte así en gestor de un fondo de pensiones público y lo que tiene que conseguir es que cuadren las cuentas, por tanto, los ingresos de los que hoy se dispone. Llega a la conclusión de que si retrasa la edad de jubilación un año, a lo mejor ahorra seis o siete porque la pensión de los que se jubilen hoy es de largas carreras profesionales y son superiores a la media. Desde el interés social, ¿es lo aconsejable en un mercado de trabajo con elevadas tasas de desempleo juvenil?
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–Los datos del desempleo de marzo, aunque mejores que el mes anterior, dejan la foto fija de la pandemia, con 447.261 valencianos en paro y más de 81.000 en un ERTE. ¿Qué estrategias deberían plantearse?
–Hay que mantener los ERTE hasta que se supere la pandemia. Sería estúpido hacer el esfuerzo que hemos hecho en gasto y déficit y dejarlo a medias. Respecto al paro, conforme más rápido se reactive la economía, más capacidad de generar empleo. El problema del desempleo es que tenemos que tener un modelo de éxito, una economía puntera. El Estado debe potenciar su industria, su universidad, su conocimiento y su innovación. Eso es lo que tiene que hacer un país si quiere ser puntero en el mundo; es la manera de resolver a largo plazo un modelo de escaso valor añadido como el español.
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–¿Es momento de un cambio de modelo productivo?
–Hay que mejorar nuestro modelo haciéndolo más productivo y para eso necesitamos más innovación e investigación, incorporando valor añadido. Pero necesitas recursos públicos, especialmente en la Comunitat.
–En esa necesidad de generar más empleo entra en escena la polémica sobre la ampliación del puerto. ¿Cuál es su posición?
–Hay que ser respetuoso con el medio ambiente pero eso no puede ser incompatible con la creación de infraestructuras que son necesarias para que la economía funcione con dinamismo y nuestras empresas sean competitivas. Es un planteamiento de equilibrio. No sé si corresponde una nueva DIA o no. Lo que sé es que el puerto es un elemento de mejora de la competitividad, un atractivo para inversiones desde el punto de vista logístico y, por tanto, una oportunidad de empleo y crecimiento de la economía que no debe ser desdeñado con argumentos que creo que son utópicos. No comparto renunciar a infraestructuras que pueden dar mejoras de competitividad.
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