Las ITV valencianas vuelven a quedarse sin citas previas a una semana de la reversión

Los mismos errores que ocurrieron a finales de 2022 se repiten ahora. Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana vuelven a quedarse sin citas previas a una semana de que se ejecute la primera tanda de la reversión. Tal y como ocurrió en diciembre días antes de que la Conselleria de Economía se viese forzada a aprobar una prórroga ante la evidencia de que no podía cumplir los plazos, los ciudadanos están viendo cómo reservar plaza para pasar la prueba es una misión más que complicada.

Como se refleja en los diferentes portales de las concesionarias, la situación de colapso es casi una realidad en las estaciones que dejarán de estar operadas por entidades privadas el viernes 24. El caso más llamativo es el de Catarroja, donde directamente ya no queda ningún hueco disponible, lo que está obligando a particulares a tener que solicitar horas en otras instalaciones y desplazarse varios kilómetros de más.

En otros puntos con alta demanda como el recinto del polígono de Vara de Quart de Valencia, cuya reversión se llevará a cabo en la segunda tanda que tendrá lugar el 3 de marzo, los problemas también comienzan a ser evidentes. Ahora mismo tan solo quedan unos pocos huecos para el 21 y 22 de febrero. El resto de plazas para las próximas dos semanas está completamente ocupado.

Otras estaciones como las de Campanar, Massalfassar o San Antonio de Benagéber viven una situación algo mejor y quedan más citas previas, pero es una realidad que ante el colapso de las otras la carga de trabajo se trasladará a las mismas y no tardarán en bloquearse. Además, cada día que pase sin que haya una solución el problema se agrava.

La falta de huecos disponibles es consecuencia del choque que ha habido entre la Conselleria de Economía y las concesionarias. El departamento encabezado por Rafael Climent trató de forzar a las empresas a seguir dando citas previas y prorrogar otros servicios hasta el 30 de junio pese a que la reversión se iba a ejecutar entre finales de febrero y principios de marzo.

Pero la resolución no contaba con el respaldo legal necesario, tal y como han sido conscientes los dirigentes que encabezan los trabajos de la reversión, y las firmas agrupadas en la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la ITV (Aecova-ITV) se negaron a acatarla y la llevaron a los tribunales. Esta decisión lleva a que las citas previas disponibles tan solo lleguen a los días en los que las empresas van a operar.

Todos los actores vinculados al proceso eran conscientes de que este problema iba a llegar, tal y como sucedió en diciembre, pero desde la Conselleria de Economía no se ha producido ningún movimiento público al respecto para evitarlo más allá de la resolución fallida. En un primer momento dejaron la responsabilidad en manos de las concesionarias y una vez fueron conscientes de que no prorrogarían los servicios se comenzó a hablar de un portal público para solicitar citas del que, pese al apretado calendario, aún no se sabe nada.

La realidad es que los grandes damnificados de todo este proceso son los ciudadanos y los profesionales. Diferentes usuarios ya han comenzado a trasladar quejas, así como sectores que necesitan pasar la prueba para trabajar, como es el caso del taxi. Sin embargo, sus dirigentes prefieren no levantar la voz por el momento debido a que están centrados en otras batallas contra la Generalitat, como la de las tarifas.

De forma paralela a esta polémica, se encadenan todo tipo de episodios que evidencian que la estructura pública no estaba preparada para asumir el servicio en tiempo y forma. Otra prueba de ello es que la auditoría de personal que era una condición para la reversión fue entregada la semana pasada y ni siquiera contaba con la firma del experto externo que asesora al Consell. Hasta el mismo Climent asume que habrá «problemas» cuando el servicio se comience a gestionar por parte de la Administración. Aunque siempre se echa la culpa a la poca colaboración de las concesionarias, que acusan a la Conselleria de Economía de coaccionarles.

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