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La eliminación de la prueba de ruido que ha permitido bajar los precios de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ha movilizado a las ... concesionarias. Ante la pérdida de ingresos, las empresas han reclamado de forma pública una prórroga de 15,3 meses que les permita compensar esta situación.
En un duro comunicado, las diferentes firmas remarcan que la decisión, introducida a última hora en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, es «unilateral y caprichosa». Es una realidad que los precios se han reducido unos 11 euros hasta situarse en los 35,5, pero también han provocado un excedente de mano de obra y unos menores ingresos.
Según los cálculos de la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV), en la actualidad 300 de las 1.200 personas que conforman la plantilla no son necesarias y por ello preparan un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Además, recuerdan que Europa obligará en el corto plazo a contar con una prueba similar a la suprimida.
Todo este envite ocurre en mitad de un proceso de reversión que debería ser una realidad en el corto plazo ya que las concesiones expiran a finales de febrero y principios de marzo después de 25 años. Hace unas semanas la Conselleria de Economía ya se vio obligada a aprobar una prórroga ante la incapacidad de asumir el servicio y las demandas de las empresas, pero en Aecova mantienen que van a ser incapaces de cumplir los plazos actuales.
Por ello, destacan la necesidad de que se dé el visto bueno a una segunda prórroga que, por el momento, la Generalitat rechaza. Tanto unos como otros tienen el problema de los plazos. Por un lado, las empresas quieren ganar tiempo hasta las elecciones autonómicas de finales de mayo con el objetivo de que haya un cambio de mayorías parlamentarias que propicie un gobierno del PP que se abra a una nueva concesión.
Por otro lado, la Conselleria de Economía es consciente de que tiene el calendario en su contra, pero trabaja para lograr una de sus promesas de legislatura y revertir el servicio. Aunque tiene varios frentes abiertos, con temas capitales como las nóminas sin resolver, y poco tiempo para solucionarlos.
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