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El mitad de una tormenta política nacional por el pacto entre PSOE y Junts, el Consell ha conseguido apagar definitivamente uno de los grandes conflictos ... que tenía abierto. La consellera de Industria y presidenta de la empresa del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos de la Comunitat Valenciana (Sitval) firma esta tarde con los sindicatos el acuerdo por el que se establece la demandada equiparación salarial.
Un pacto que permite terminar con el fantasma de la huelga que heredó el actual Ejecutivo del Botánico, que no pudo abordar este tema en condiciones debido a la precipitada reversión. El mismo afectará a algo más de un centenar de trabajadores de los 1.100 que componen la plantilla. Los mismos tienen unos sueldos muy inferiores a la media ya que antes las plantillas dependían de diferentes empresas concesionarias.
Las diferencias alcanzan el 40% y, por ejemplo, un inspector mecánico ingresa en torno a los 1.700 euros mensuales en estaciones de la provincia de Valencia mientras que en algunas de las de Alicante por el mismo trabajo se reciben 1.100. El objetivo es que en cuatro años se puedan reducir estas diferencias a cero una vez se emitan en los próximos días los informes favorables de Función Pública y Hacienda, para los que se ha entregado ya la documentación.
Coincidiendo con el nombramiento del nuevo consejo de administración de la sociedad pública, los sindicatos anunciaron en septiembre una huelga indefinida a partir del 2 de octubre para denunciar el «incumplimiento» del acuerdo de equiparación y la «paralización» de la mesa de negociación del convenio colectivo. Entonces, Montes expuso que el acuerdo firmado por el anterior gobierno era nulo de pleno derecho porque no se habían presentado todos los informes preceptivos y pidió un plazo de un mes para revisarlo.
Los sindicatos accedieron finalmente a aplazar la huelga, primero al 22 de octubre y después al 6 de noviembre, ante la hoja de ruta presentada por la Generalitat para dotar de seguridad jurídica al acuerdo. La Conselleria recibió un informe de la Abogacía de la Generalitat que apuntaba a la necesidad de contar con informes favorables de Función Pública y Presupuestos.
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