El Ivace sigue sin aprobar su nuevo reglamento ni firmar el contrato de la directora

Sin reglamento de funcionamiento que dé cabida a su nueva clasificación de puestos ni el contrato que, por ley, debería haber suscrito ya en 2016 su directora general. Así comienza la nueva legislatura el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dependiente de la Conselleria de Economía, de acuerdo con la auditoría de cumplimiento relativa a 2018 emitida por la Intervención General de la Generalitat.

En su informe, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, el auditor centra en el apartado de personal sus reproches al organismo que dirige Júlia Company, mano derecha del conseller Rafael Climent.

Por un lado, cuestiona que el Ivace no cuenta con una relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada correspondiente a 2018, por lo que incumple el decreto ley del Consell sobre medidas urgentes de régimen económico-financiero del sector público empresarial y fundacional.

Aunque no lo considera suficiente como para emitir un informe negativo, el auditor refleja esa incidencia como una salvedad a su pronunciamiento favorable que, además, limita el alcance de su trabajo.

Al respecto, recomienda al Ivace que realice las gestiones oportunas para aprobar el nuevo Reglamento de Ordenación y Funcionamiento (ROF), del que depende el respaldo a su relación de puestos de trabajo.

En el informe, explica que en el antiguo Impiva coexisten dos convenios (el del personal laboral al servicio de la Generalitat y el del antiguo Sepiva) y que las negociaciones para homogeneizar condiciones concluyó sin acuerdo. Según el auditor, la propuesta de RPT del Ivace cuenta con informe favorable de la Dirección General de Sector Público desde hace casi un año, pero condicionado a la modificación del ROF necesaria para encajar en ese reglamento la reclasificación de puestos de trabajo planteada por Company.

Eso implica básicamente justificar la carga de trabajo que conlleva cada puesto, con su consiguiente clasificación y nivel retributivo, y requiere un refrendo político por parte de los socios del Botánico, ya que ese reglamento debe ser aprobado por el pleno del Consell.

Por otro lado, Intervención vuelve a incluir entre las incidencias en materia de gestión de personal que, a julio de 2019, la directora del Ivace no tiene formalizado un contrato de alta dirección, lo que contraviene la normativa autonómica.

Sobre esta cuestión, indica que Company, como consecuencia de su nombramiento mediante un decreto del Consell de 2016, «debió suscribir un contrato de alta dirección« y agrega que »es obligatorio« hacerlo desde la entrada en vigor de otro decreto de julio de ese mismo año.

Por este motivo, el auditor aconseja realizar las gestiones necesarias para formalizar ese contrato pendiente con Company, que carece de la autorización preceptiva de la Dirección General de Presupuestos.

Cifra sus retribuciones en 57.263 euros, el equivalente a un director general del Consell de la Generalitat, y da por buenos los más de 8.000 euros que cobró por cambio de residencia el año pasado, tras el cambio normativo que realizó el Consell para que pueda cobrar el plus que, según la propia Intervención, percibió de forma indebida los dos años anteriores al estar reservado a los altos cargos del Consell. Tras revelar este periódico esos reproches, Júlia Company devolvió más de 11.000 euros.