Es una de las voces económicas de referencia en España. Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y catedrático de Economía de la Universitat de València (UV), analiza las consecuencias de la dana con un mensaje claro: ... más ayudas directas y actuaciones en infraestructuras.
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–¿Cuál ha sido el impacto de la dana en la economía? ¿Cómo puede afectar al PIB?
–Aunque hay estimaciones del impacto, la incertidumbre que hay en ellas es muy elevada. Según la Dirección General de Economía de la GVA, la dana resta dos décimas al crecimiento del producto interior bruto (PIB) valenciano durante 2024 y 2025. Según Caixabank Research, el impacto nacional resta entre 1 y 2 décimas al PIB del cuarto trimestre. Y según el Banco de España, el impacto negativo a nivel nacional es de 2 décimas en la tasa de crecimiento anual del cuarto trimestre. Esas cifras suponen pérdidas relativamente pequeñas que no llegan a los 1.000 millones. Pero todas las estimaciones infraestiman y mucho el impacto sobre la renta 'neta' porque no descuentan del beneficio bruto las amortizaciones que hay que realizar al haberse destruido de golpe una parte importe del capital de la economía.
–¿Pueden aguantar un shock así las empresas valencianas?
–El tejido empresarial de los municipios afectados, y sobre todo en la zona cero, ha sufrido pérdidas millonarias en su stock de capital que Cámara Valencia y AVA-Asaja (para el sector primario) ha estimado en más de 13.000 millones. Supone un porcentaje significativo del capital de las empresas que de forma inmediata se ha perdido y que hay que reponer. Algunas empresas no pueden hacer frente a semejante pérdida si las ayudas públicas no están a la altura de las circunstancias y no llegan de forma urgente. Hay pérdidas en forma de flujos (rentas) y stock (capital), pero las segunda son de una magnitud muy superior.
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Elísabeth Rodríguez
–¿Cuál es el mayor desafío que afrontan?
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–El desafío para algunas empresas es reponer el capital destruido para hacer frente a sus pedidos. Hay empresas que han tenido que paralizar su ritmo de producción porque tienen proveedores afectados por la dana. Y si se cambia de proveedor, el peligro es que la empresa afectada directamente por la dana pierda sus clientes para siempre. El desafío por tanto es evitar que haya empresarios que decidan abandonar sus negocios, y eso exige ayudas en proporción a las pérdidas sufridas y que lleguen lo antes posible.
–¿Cómo pueden las empresas combinar inversiones para la reconstrucción con proyectos a largo plazo?
–Cuando la destrucción es total, muchas empresas se van a replantear la inversión en zonas no inundables. Pero cuando es parcial, eso no es posible porque sería prohibitivo. Por tanto, lo importante es garantizar lo antes posible que se van a acometer las inversiones en infraestructuras públicas necesarias para minimizar el impacto de una potencial nueva dana. Si no se ofrece seguridad y confianza al inversor, el riesgo es que se abandonen las empresas. La resiliencia del tejido empresarial de una zona inundable sólo se garantiza si se reduce la probabilidad de que vuelva a ser inundable.
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–Las ayudas se han convertido en una de las principales batallas de la catástrofe. ¿Cómo debería ser la inyección de la Administración, sobre todo en las empresas?
–Es importante distinguir entre ayudas a fondos perdido (subvenciones) y ayudas de liquidez, ya que estas últimas hay que devolverlas y, en muchos casos, con intereses porque se materializan en un préstamo bancario. Si de las ayudas del Estado nos centramos en las primeras, son reducidas en comparación con las pérdidas estimadas en el stock de capital. Así, de los 16.600 millones que moviliza el Estado con los tres reales decretos leyes aprobados, 5.000 millones son avales para pedir préstamos bancarios a devolver y 3.500 millones los aporta el Consorcio de Compensación de Seguros, cuyo fondo financian los asegurados. Por tanto, el esfuerzo público en ayudas a fondo perdido se queda en 8.100 millones, es decir, menos de la mitad del total. Estos 8.100 millones están muy por debajo de las pérdidas estimadas, que sólo en el tejido empresarial superan los 13.000 millones. El Estado debería hacer un esfuerzo muy superior y proporcional a las pérdidas sufridas, máximo teniendo en cuenta que la Generalitat parte de una peor situación por su alto nivel de endeudamiento que en gran parte se debe a la infrafinanciación sufrida durante demasiados años.
–¿Qué mecanismos de financiación podrían implementarse para apoyar tanto la recuperación como las inversiones a futuro?
–No creo que el problema sea de financiación, ya que tanto desde el Estado como desde el Gobierno Valenciano se han implementado varias líneas de ayuda, en algunos casos incluso con tipo de interés cero. Y no hay problemas en el acceso al crédito bancario. Pero hay que ser conscientes de que muchas empresas no quieren endeudarse y por ello utilizan cuando pueden sus recursos propios. La clave para apoyar la recuperación está en dar un volumen de subvenciones acorde al daño producido. Y por lo que hasta ahora veo, las subvenciones cubren un reducido porcentaje de las pérdidas.
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-Desde 2015, la Comunitat ha triplicado la inversión extranjera en el territorio. ¿Qué hay que hacer ahora para que los inversores se sigan fijando?
–Lo que sigo sin ver, y es vital, es anunciar un plan de actuaciones en infraestructuras que reduzca la probabilidad de que se repita lo vivido en la dana. Hay que generar confianza y seguridad en los inversores, porque de lo contrario, hay serio riesgo de deslocalización. Los empresarios que han visto destruidas por completo sus instalaciones, es lógico que se planteen su reconstrucción en zonas no inundables. Y para que se reconstruyan las que tienen daños parciales, hay que generar la expectativa creíble de que se van a acometer las inversiones necesarias para minimizar el impacto de otra dana. Si no se genera confianza, se corre el riesgo de que se abandonen los negocios. Y de cara a atraer nuevos proyectos de inversión en Valencia, es evidente que ahora se va a tener muy en cuenta si la zona es inundable. Sólo con el anuncio rápido de un plan ambicioso y creíble de inversiones en infraestructuras públicas es posible recuperar la necesaria confianza.
–¿Hay que repensar las infraestructuras y las estructuras de respuesta empresarial?
–Lo primero que debemos aprender es que descuidar la inversión pública en infraestructuras tiene graves consecuencias. Desde el inicio de la crisis financiera en 2008, la tasa de crecimiento media anual de la inversión en infraestructuras hidráulicas es negativa en España y la Comunitat. Tantos años de recortes suponen un deterioro en el stock de capital, de forma que el valor de esas infraestructuras es un 5% inferior al de una década antes. Lo que esto significa es que ni siquiera se repone lo que se deprecia. Y afecta tanto a las infraestructuras hidráulicas (presas, embalses, canales, etc.), como a otras muchas (como carreteras, por ejemplo). Respecto a las respuestas, también hay lecciones que aprender, como la importancia de disponer de protocolos de actuación, de coordinación entre administraciones (y no la confrontación a la que asistimos constantemente), de agilizar la burocracia, que el sector público aprenda del privado en la velocidad de la respuesta, de invertir en formación de los ciudadanos para que sepan cómo actuar ante una catástrofe, etc.
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