Nuevo capítulo en la extensa batalla judicial que se desarrolla en Gedesco (la firma valenciana financiera no bancaria) y que enfrenta al fondo de ... capital riesgo JZ International (JZI) –que es el socio mayoritario– con sus dos exgestores en Europa, Miguel Rueda y Ole Groth, y la cúpula de Gedesco, Antonio Aynat y Javier García Escrivá. Un frente que arrancó en 2021 cuando el fondo, que es dueño del 67,5% de las acciones de la compañía, detectó irregularidades en distintas operaciones y presentó una demanda civil en Nueva York, posteriormente retirada pero que se tradujo en el inicio de acciones judiciales por las dos partes ya en España.
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Ahora, un juzgado valenciano –en concreto el de Instrucción número 18– ha emitido un auto en que el impone una fianza de 65 millones a los cuatro querellados (esto es, Aynat, García Escrivá, Rueda, Groth y Villafranca) «para garantizar las responsabilidad civiles y pecuniarias que pudiera derivarse de los hechos investigados», recoge el documento al que ha tenido acceso este periódico.
En concreto, por el presunto desvío de activos y de negocio de Gedesco «en el que antes convivían los intereses de los socios ahora enfrentados, susceptibles de producir el quebranto económico de la entidad querellante, Gedhold, como socia mayoritaria de dicho grupo empresarial».
En este sentido, además, el magistrado considera que la fianza cautelar se fija «a fin de garantizar la posible responsabilidad civil a la que en su día pudieran ser condenados los querellados. En cuanto a su cuantía, se considera razonable la suma propuesta por la defensa de la querellante», es decir, los 65 millones.
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El auto, además de fijar las fechas de las declaraciones de los implicados en la trama –que comenzarán a partir del 12 de abril–, acepta ampliar el objeto de la querella inicialmente interpuesta por JZI, así como el número de investigados, al entender que los hechos presentados en el escrito son «múltiples, detallados y susceptibles de constatación actuarial».
En concreto, los querellantes denuncian que la antigua cúpula de Gedesco (fueron apartados cautelarmente por un juez el pasado noviembre) ha intentado «vaciar patrimonialmente las filiales del grupo Gedesco, canalizándolo hacia un entramado paralelo de sociedades con el que poder operar el negocio sustraído, lo que vendría a constituir el ilícito de administración desleal ya denunciado en la inicial querella».
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A la citada creación de un entramado paralelo se suman acciones como la solicitud de disolución de la matriz; el incumplimiento de las medidas cautelares; el cierre de oficinas del grupo Gedesco, pues han abandonado el edificio que ocupaban en la avenida de Aragón; «desconexión telefónica y digital con imposibilidad de acceso por parte de clientes», en este caso, por ejemplo, la página web no está activa; «apropiación de activos mobiliarios mediante el empleo de testaferros y un nuevo entramado societario creado exclusivamente para dicho fin», recoge el auto.
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