Cierval y la patronal de Castellón, a un paso de juicio por fraude en los cursos

La extinta patronal autonómica Cierval y la castellonense CEC, en vías de liquidación, están a un paso de sentarse en el banquillo para rendir cuentas ante la justicia por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, en la modalidad de fraude de subvenciones, por importe de 1,8 millones.

Como ya hiciera en julio de 2016, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules da por concluida la instrucción de la causa contra ambas organizaciones por presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para formación con el procesamiento del que fuera director general de ambas, Rafael Montero, y del responsable de formación de la CEC, José Antonio Espejo, junto a tres empresarios y media decena de entidades.

Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), el instructor procesa de nuevo al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, dependiente de la CEC, y a cuatro academias y centros de formación que supuestamente emitieron facturas falsas que permitieron el desvío de 1,8 millones concedidos a la CEC por Cierval de los doce que recibió de la Generalitat.

La Audiencia Provincial de Castellón revocó el auto de 2016 por considerar que no estaba suficientemente motivado y ordenó dictar una nueva resolución que concretara con más precisión los datos de los que se deduce la relevancia penal de la conducta de los investigados. El nuevo auto, notificado a las partes, transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, pone fin a la instrucción iniciada en 2015 con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y deja la causa preparada para la celebración del juicio. El fiscal deberá ahora decir si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.

En este auto, sobre el que declinaron pronunciarse desde la CEV por no estar afectados, el magistrado mantiene que Montero y Espejo, guiados por «el ánimo de lucro mediante la indebida obtención de fondos públicos», se concertaron con los empresarios procesados para que, a través de terceros, «se facturasen actividades complementarias inexistentes a otras efectivamente realizadas, de modo que, por cada acción formativa se emitían dos facturas». Una, «se ajustaba a la realidad y era emitida por el centro que había impartido el curso» y la otra «no correspondía a acción formativa ni de colaboración alguna, la que se reputa falsa». Se abonaba directamente por la CEC «por autorización expresa» de Montero y Espejo.

Según el juez, no había «vinculación contractual entre la entidad pagadora» y esos terceros que «en fechas próximas a cada uno de los abonos correspondientes a las facturas falsas, se personaban en la sucursal bancaria correspondiente y retiraba en metálico la práctica totalidad del dinero transferido, sin justificar el destino dado a tales fondos».