Juicio del Banco de Valencia: los acusados culpan de las cuentas al Banco de España

Un juicio que se prolongará hasta mediados de diciembre y que arranca casi dos años después de la decisión de apertura de vista oral por parte del juez de la Audiencia Alejandro Abascal, ya que fue en noviembre de 2022 cuando decidió enviar al banquillo a 15 personas, entre ellas el expresidente de la entidad y expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, y el consejero delegado del banco, Domingo Parra.

Fue precisamente este quien tomó la palabra el lunes, aunque sólo para responder a las preguntas de sus abogados, ya no que contestó a las peticiones de la Fiscalía ni a las de las acusaciones particulares, entre ellas Apabankval (Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia), representada por el abogado Diego Muñoz-Cobo y presidida por el ingeniero Juan Broseta.

En su intervención, Parra derivó la responsabilidad hacia el Banco de España, una pauta que también han seguido el resto de antiguos consejeros que han declarado durante estos días, según ha explicado el abogado Muñoz-Cobo. Si el primer día fue el turno del exconsejero delegado y de otros miembros del consejo como Antonio Tirado o María Irene Girona, el martes fue turno de José Luis Quesada, María Dolores Boluda, Federico Michavila, Silvestre Segarra, Manuel Olmos, Agnès Noguera y José Luis Olivas. Hoy será el turno del representante de Deloitte.

En sus declaraciones, una única dirección, la del Banco de España, que nunca emitió requerimiento oficial o apertura de investigación por la situación de la entidad financiera, que además el supervisor autorizó el reparto de dividendos –lo que en la práctica era una validación de las cuentas– o que los números no fueron reformulados ni por el FROB ni por CaixaBank en 2011. Otro de los argumentos aportados es que incluso el consejo de administración, como accionistas individuales, perdió dinero (cifrado, por ejemplo, en el caso de Libertas 7 en 90 millones).

La declaración más esperada de la jornada fue de Olivas, quien remarcó, según el abogado de Apabankval, que tenía funciones de presidente no ejecutivo, por lo que no tenía ni contrato ni poderes ni retribución asignada, pues únicamente cobraba dietas por asistencia a reuniones, ya que era presidente de Banco de Valencia en calidad de máximo responsable de Bancaja.

En su intervención en la Audencia Nacional, el que fuera jefe del Consell en sustitución de Eduardo Zaplana (que pasó a ser ministro) también alegó que se limitaba a escuchar los informes de los técnicos y que Banco de Valencia era una entidad solvente según señalaba un informe del Banco de España, que incluso fijaba en 1.400 millones los recursos propios, 42 millones por encima de lo estipulado por el supervisor.

La Fiscalía Anticorrupción pide para Olivas y Parra tres años y nueve meses de prisión, respectivamente, como presuntos autores de un delito societario continuado de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2009 y 2010. Además, solicita que se les imponga una multa aproximada de 45.000 euros. Para el resto de consejeros las penas solicitadas por el Ministerio Público oscilan entre los seis meses y los tres años de prisión y multas que van desde los 21.000 hasta los 45.000 euros.

La apertura de juicio oral llega cinco años después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz propusiera juzgar procesar a la excúpula de la entidad por un delito societario continuado de falsedad contable. En su auto, Pedraz fundamentó entonces su decisión en los indicios contenidos en los informes periciales del Banco de España, que fueron ratificados en sede judicial por sus autores.