El Jurídic alertó a Climent contra la imposición de bonificaciones municipales para polígonos

La futura Ley de Gestión, Modernización y Promoción de Áreas Industriales de la Comunitat, anunciada por el presidente Ximo Puig desde el comienzo de la legislatura y largamente reivindicada por el sector, ya está lista para su tramitación en Les Corts. El proyecto aprobado ayer por el pleno del Consell recoge, no obstante, distintos aspectos cuestionados por el Consell Jurídic Consultiu, tales como la «obligación impuesta a los municipios» de regular una bonificación del 95% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), vía ordenanza fiscal, pese a tratarse de un impuesto municipal.

Desde el órgano consultivo se advirtió al departamento que dirige Rafael Climent de que esa norma «no puede establecer una bonificación de un impuesto netamente municipal, por carecer la comunidad autónoma de competencias sobre este impuesto». En su dictamen, el Jurídic señaló que, aunque tuviera competencias para hacerlo, tampoco atiende la exigencia del Estatuto de Autonomía de que vaya acompañada de la correspondiente compensación a los ayuntamientos perjudicados por la caída de ingresos a raíz de esa bonificación, exigida para poder delimitar enclaves tecnológicos.

Otro punto discutido alude a la creación de las denominadas entidades de gestión y modernización para que los propietarios compartan los gastos comunes, como sucede en las comunidades de vecinos desde que entró en vigor la Ley de Propiedad Horizontal. Esa medida, adelantada por LAS PROVINCIAS, fue celebrada desde la Federación de Polígonos (Fepeval) porque si una cuarta parte de los dueños decide crear una gestora, ésta integrará obligatoriamente a todos los propietarios de parcelas en ese polígono.

Para el Jurídic, en cambio, esa obligatoriedad de adscripción universal pugna con el principio de libertad de asociación y «debería quedar sobradamente justificada» en la ley, presentada al sector por Climent y los socialistas Blanca Marín y Diego Maciá. Esa observación, de carácter esencial, fue rebatida por la consejera Asunción Ventura en un voto particular al que se adhirió Margarita Soler, presidenta del Jurídic, en el que mantiene que el cumplimiento de las funciones de carácter público que se atribuyen a esas gestoras justifica la adscripción forzosa.

En cualquier caso, ambas consideraban preferible eximir de esa obligación a los dueños de solares e, incluso, constituirlas como entidades de gestión voluntaria e incentivar fiscalmente la adscripción. Además, exigían elevar del 25% al 51% la mayoría de propietarios exigida para crear la gestora, punto que tampoco se atiende en el proyecto de ley.

Entre las funciones de ese órgano figura la de colaborar con el ayuntamiento en la conservación, mantenimiento, limpieza y prestación de servicios básicos. Es más, prevé que pueda asumir la gestión indirecta de los servicios municipales.

Con la nueva norma cobran especial importancia las infraestructuras y servicios de los polígonos, ya que serán clasificados como área industrial básica, consolidada y avanzada y, en estas últimas, habrá incentivos como la reducción del 30% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, condicionada a una bonificación del 50% del impuesto de construcción municipal y otros asimilables, como la cuestionada por el Jurídic.

Además, la Generalitat podrá aprobar que las empresas ubicadas en enclaves tecnológicos disfruten de puntuación adicional y preferencia en la concesión de incentivos autonómicos dirigidos a los emprendedores y la innovación tecnológica.

Para impulsar la regeneración y promoción exterior de esas zonas, crea el Mapa de Áreas Industriales, concebido como «un auténtico censo de todo el suelo industrial de la Comunitat». Este registro fue presentado a principios de año, aunque sin datos de un tercio de los municipios y con importantes limitaciones para captar inversiones, tales como que no precisa qué parcelas están disponibles y cuáles no.