La ley del teletrabajo baraja elevar el porcentaje de jornada laboral obligatoria en casa

El Gobierno está abierto a elevar el porcentaje de jornada a distancia realizada para considerar que existe una prestación de teletrabajo regular que obligue a firmar un acuerdo específico a las empresas con los representantes de sus trabajadores.

Así lo han asegurado este martes fuentes de la patronal, tras la reunión mantenida con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para avanzar en las negociaciones con el objetivo de acordar una ley de teletrabajo.

En la reunión con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, los representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de las patronales CEOE y Cepyme han presentado sus alegaciones al texto que les presentó Trabajo en agosto.

Según las fuentes consultadas, el Gobierno estaría dispuesto a elevar del 20 % al 30 % el porcentaje de la jornada laboral que debe hacerse a distancia, lo que implica que al menos se teletrabaje dos días a la semana para considerar que se realiza de forma regular.

Al mismo tiempo, el texto clarifica los límites a la capacidad de las empresas para controlar y vigilar que los trabajadores a distancia cumplen con sus tareas, respetando su «dignidad» y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad para cumplir con sus obligaciones y deberes.

Respecto a la no aplicación de esta futura regulación al personal laboral de las administraciones públicas, el borrador debatido este martes aclara que, hasta que no exista una normativa específica para este colectivo, se regirá por lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.

Dicho artículo consta de cinco apartados que, en términos generales, establecen que el acuerdo para el trabajo a distancia se formalizará por escrito y que los trabajadores de esta modalidad tendrán derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida para su grupo profesional y funciones; a una adecuada protección en materia de seguridad y salud, y a la formación profesional para el empleo, entre otros aspectos.

En los próximos días, el Ministerio de Trabajo remitirá a los agentes sociales el texto del anteproyecto de Ley, que recogerá éste y otros cambios.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el acuerdo «está cerca» pero que aún hay elementos que «separan», y ha pedido dejar que el dialogo social avance.

En declaraciones a los medios este martes, el secretario general de UGT, Pepe Alvarez, ha insistido en que el acuerdo será posible «este mismo mes de septiembre», y ha subrayado la importancia de que la norma incluya al personal laboral de la Administración.

Fuentes de CCOO han explicado a los medios que, a falta de unos flecos, la negociación avanza de forma favorable y han confiado en que el nuevo documento que envíe el Gobierno sea «definitivo».

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, concibe que en septiembre habrá Ley de teletrabajo y cree que el procedimiento debería ser el de un Real Decreto Ley y de tramitación parlamentaria como proyecto de Ley. Para Álvarez, las cuestiones que están encima de la mesa deberían posibilitar un acuerdo y cree que debería ser «inminente», sin tardar «excesivamente» en acercar posturas.

En concreto, sobre teletrabajo, el líder sindical ha dejado claro que ya ha habido un debate «muy amplio» y que en el mes de junio o julio se entendía que se necesitase más tiempo para hablar y hacer aportaciones, pero que el borrador de proyecto de Ley que se encuentra sobre la mesa en estos momentos ya ha sido modificado «de manera importante» por todas las organizaciones que participan en el diálogo y cree que «esto ya no da más de sí».

«Con toda franqueza debemos apurar la Ley del Teletrabajo en un periodo no muy largo de tiempo. Me gustaría que no fuese más de dos semanas y que empiece entonces el proceso de implementación», ha apostillado Álvarez, tras apuntar que cree que el proyecto que hay encima de la mesa es «innovador» y puede marcar pautas en la Unión Europea y que, además, es «equilibrado desde el punto de vista de los derechos y deberes».

Respecto a las quejas de la patronal, el máximo representante del sindicato ha afirmado que las propuestas de CEOE están en parte recogidas en el actual anteproyecto de Ley y ha dejado claro que «uno no puede sacar el 100% de lo que pide». «Creo que el proyecto actual es equilibrado y si la CEOE quiere alguna otra cuestión, que la plantee, la vamos a discutir, pero no podemos hacer una Ley que no sirva para regular el teletrabajo», ha sentenciado.

Asimismo, ha aprovechado para dejar claro que el teletrabajo no va a continuar siendo el «chollo» que ha sido durante la pandemia. Sin embargo, ha pedido que le expliquen cómo se va a pedir a las empresas privadas que apliquen una regulación de teletrabajo de una naturaleza y que no se vaya a aplicar a las administraciones públicas para el personal laboral. «No es muy razonable», ha dicho.

Gobierno sindicatos y empresarios han retomado este martes las negociaciones de cara a la regulación del trabajo a distancia, y lo han hecho con un nuevo texto sobre la mesa, remitido hace unos días a los agentes sociales.

La ministra ha resaltado que el teletrabajo «se ha desvelado fundamental en estos meses de confinamiento y ha permitido avanzar por encima de las previsiones que el Gobierno tenía al inicio de la legislatura».

«La necesidad muchas veces es virtud y las empresas y las administraciones públicas han dado pasos de gigante, pero hay que contar con un marco regulatorio que permita garantizar a empresarios y sindicatos que se dan las condiciones adecuadas y que los intereses de ambas partes están preservados», ha apostillado.

Esta nueva ley no será de aplicación con carácter general para todo aquel que teletrabaje, sino que solo se aplicará a aquellas personas que desarrollen el trabajo a distancia con carácter regular en un plazo de referencia de tres meses. Con este cambio del 20% inicial al 30% propuesto ahora el Gobierno busca contentar a la patronal, mientras que a los sindicatos les gustaría que fuera de aplicación siempre aunque solo se teletrabaje un 1% del tiempo.

Lo que es ahora el principal escollo para los sindicatos –y no es una diferencia con la patronal, sino con el Gobierno– es el hecho de que la nueva ley excluya –a semejanza de los funcionarios– al personal laboral de la Administración Pública. El Ministerio quiere que todos los empleados públicos tengan su propia ley. El borrador aclara que, hasta que no exista una normativa específica para este colectivo, se regirán por lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, mientras que desde UGT defienden que sea al contrario: que hasta que se apruebe se aplique esta ley para que no se queden en el limbo.

Pero estas no son las únicas restricciones que impone la futura norma. Para que se pueda desarrollar el teletrabajo se debe contar con el visto bueno tanto de la empresa como del trabajador y requerirá la firma por escrito de un acuerdo. Es decir, si una de las dos partes no quiere y se niega no podrá realizarse. Además de este carácter voluntario, otra de las novedades que incluye el último texto es que será en todo momento reversible, lo que significa que si llegado el caso el trabajador o el empleador quiere dar marcha atrás podrá hacerlo. Es más, se precisa que la negativa del trabajador a desempeñar su actividad a distancia, su falta de adaptación o ineptitud o el ejercicio de reversibilidad no constituirán causa justificativa de despido o de modificación sustancial de las condiciones laborales.

Si esto se ha añadido tras pedirlo los sindicatos, el nuevo borrador va un paso más allá en lo que es una de las exigencias de la patronal: el control y vigilancia de las obligaciones laborales del trabajador. Así, se especifica ahora que la empresa podrá adoptar «las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar» que el trabajador a distancia cumple con sus obligaciones y deberes, pero, eso sí, «guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad».

El Gobierno ha modificado también algunos de los aspectos que generaban controversia entre los empresarios. Así, la nueva redacción es un poco menos explícita en el tema de los costes que tendrá que asumir el empleador al desarrollar el teletrabajo, de forma que elimina la referencia a que «todos los costes, directos e indirectos», han de ser sufragados por la empresa y remite a que se establecerán las compensaciones en la negociación colectiva. Es decir, el trabajador no asumirá costes relacionados con equipos, herramientas y medios, pero el actual texto deja en manos de la negociación colectiva que se paguen gastos como el gas, la luz o internet.

De igual manera, en el borrador se ha suavizado el derecho del trabajador a tener un horario flexible y ahora establece que una parte de la jornada sea obligatoria y otra pactada con el trabajador, aunque exige la obligación de llevar un registro horario y el derecho a la desconexión digital.