Cuál es el límite de dinero en efectivo que se puede llevar en la cartera

Dos leyes ponen límites muy severos al dinero en efectivo en España. Por una parte está la última, la más nueva, que impide cualquier pago en metálico que supere los 1.000 euros, tampoco se permite fraccionar un pago superior para realizar en efectivo varios abonos que no superen ese límite que se rebajó este pasado verano. Pero hay que irse 11 años atrás para dar con la ley que establece el límite de dinero en efectivo que se puede llevar en la cartera, que un ciudadano puede portar encima en la vía pública. En ambos casos la justificación del Gobierno es «la prevención del blanqueo de capitales».

Desde este verano se ha aumentado el control en el pago con dinero en efectivo. Ya no son los 2.500 euros que se podían abonar en billetes y monedas sin levantar las sospechas o inspecciones de Hacienda, ahora ya no se pueden superar los 1.000 euros. A partir de esa cantidad, ha defendido el fisco nacional en base a la nueva ley, tanto comprador como vendedor deben oponerse y denunciar si la parte contraria incita a saltarse la ley. Es más, si un abono de dinero en efectivo se realiza superando el límite legal y una de las partes denuncia el pago en un plazo máximo de tres meses, ésta quedará exenta de la sanción que será una multa del 25% del precio pagado de forma ilegal.

Esta rebaja ha provocado que aumenten considerablemente las opciones para que Hacienda investigue tanto a empresas como a particulares tras el pago de dinero en efectivo. Pero, ¿existe algún límite de dinero en efectivo para llevarlo por la calle? Sí. Así consta en la Ley 10/2010, del 28 de abril.

Según este texto legal, basado en la «prevención del blanqueo de capitales», un ciudadano tiene una cantidad máxima de dinero en efectivo que puede llevar encima sin tener que realizar los pertinentes trámites legales para justificar su transporte. Según esta normativa el límite de dinero en efectivo está situado en los 100.000 euros. Hasta esa cantidad no debería haber ningún problema con la autoridad, a partir de la cual se incumpliría la ley y por lo tanto sería objeto de multa. Desde los 100.000 euros encima la persona que los transporte debería justificar y declarar su transporte para no ser sancionado.