Los agricultores celebran que la Generalitat acepte pagar más por las expropiaciones de Volkswagen

Francisco Campillo, delegado de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y de su entidad hermana Ascosa en la comarca, remarca que la decisión es «una victoria colectiva» fruto de un sinfín de reuniones con dirigentes como Darío Moreno, alcalde de Sagunto, y María José Mira, secretaria autonómica de Hacienda y presidenta de la empresa pública de la Generalitat y el Gobierno que gestiona los terrenos, Espais Económics Empresarials.

Campillo afirma que la fecha y el hecho de que Ximo Puig anunciase ayer en un mitin en Sagunto la decisión no es casual ya que la Administración quería desbloquear el conflicto antes de las elecciones del 28 de mayo. De hecho, los agricultores pensaban movilizarse la próxima semana si no se solucionaba esta cuestión cuyo detonante han sido diferentes sentencias sobre Adif que daban la razón a los propietarios y les forzaban a aumentar los pagos de las expropiaciones en casos muy similares al de Volkswagen, tal y como había decretado el Jurado de Expropiación Provincial.

La decisión es celebrada por un millar de agricultores que estaban afectados y que ahora verán como el metro cuadrado de campos que tenían plantaciones como naranjas pasará de pagarse de media a 16 euros a 30 o incluso 40, tal y como recoge el justiprecio decretado. Una cuestión «de justicia», según las principales asociaciones agrarias.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, subrayan que «la decisión anunciada por la Administración es la justa, la lógica y la que correspondía. «Desde el principio hemos defendido que son los agricultores los que tenían el derecho de recurrir una estimaciones que consideraban muy bajas respecto al valor objetivo del suelo; resultaba surrealista que fuera la Administración la que recurriera la propuesta de un órgano de la propia Administración establecido para tal fin», destacan.

«Esta nueva posición evita que los agricultores sean los únicos que salgan perdiendo con la iniciativa empresarial de la gigafactoría, de la cual nos alegramos mucho, pero que debe ser positiva para toda la sociedad, incluidos los propietarios del suelo», sentencian.

Desde ambas entidades consideran que no retirar el recurso interpuesto por la Generalitat habría sido lesivo para ambas partes ya que todo hubiera terminado en un punto similar al actual, algo que se admite desde la misma empresa pública. Pero lo habría hecho con un coste para la administración por el pago de costas, que se estima en un 10% del total a pagar, y con un gran retraso de tres o cuatro años para los agricultores, que en su mayoría tienen una edad avanzada. Por ello, una vez cerrado este capítulo se reclama celeridad en los pagos.