La Marina de los líos: imputaciones, juicios y déficit de transparencia

El juzgado de lo social número 10 de Valencia emitió una sentencia por la que reconocía el derecho a tres empleados del Consorcio al cobro de varias pagas extra que no habían sido abonadas por la entidad que dirige Vicent Llorens, que recurrió la sentencia pero se encontró también con el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ratificó el abono de las cantidades adeudadas a los trabajadores. Las pagas correspondían a los ejercicios de 2018 a 2020, por lo que cada uno de los tres empleados ha recibido más de 8.000 euros.

Este juicio abrió la veda, y una buena parte de los casi treinta trabajadores que hay en la plantilla del Consorcio han reclamado por vía judicial el ingreso de las mismas cantidades. En los próximos meses hay nuevas vistas judiciales que solicitan el abono de las pagas extra que no se ingresaron a los empleados. Una de las primeras que se iba a ver este mes se tuvo que suspender por la huelga en Justicia.

Hasta 2016, en el contrato de los trabajadores figuraba una cantidad fija como salario base repartido en doce anualidades más el plus por turno de fin de semana. A partir de octubre de ese mismo año, se desglosó el salario base y la parte proporcional de las pagas extra, más el turno de fin de semana. El cambio en la nómina fue una petición de la Seguridad Social al Consorcio para que desglosara los conceptos a pagar. El órgano que dirige Vicent Llorens recurrió con los argumentos de que las retribuciones no habían variado y que el Consorcio siempre había satisfecho lo correspondiente a las pagas extra en las nóminas, tanto antes como después de 2016. El TSJ de la Comunitat Valenciana no estimó el recurso del Consorcio, que fue condenado al pago de las extras a los trabajadores y a las costas del proceso judicial.

A la petición de estos tres trabajadores se han sumado el resto de los empleados, que de manera individual han reclamado el ingreso de las extras desde al menos 2018. El gasto para La Marina puede rondar los 200.000 euros en pagas extra.

La gestión de Vicent Llorens en el Consorcio Valencia 2007 se recordará también por su imputación –ahora se conoce como investigado– por un delito de prevaricación en el concurso público para la instalación de un escenario permanente en La Marina. Un caso que sigue abierto y por el que Llorens ya ha pasado a declarar por la Ciudad de la Justicia. Los hechos se remontan al 1 de marzo de 2019, cuando se publicó un concurso por parte del Consorcio para el otorgamiento de una concesión administrativa de uso de 15.126 metros cuadrados en la Marina Sur de Valencia. Al concurso se presentaron en plazo dos empresas, que quedaron a la espera de que la mesa de contratación fijara una fecha y hora para la apertura de las ofertas. Una fase que nunca se produjo para un concurso que podría haber movido en eventos más de un millón de euros.

Una de las empresas presentó una querella al considerar que el proceso estaba montado para beneficiar a la otra mercantil, que al parecer –se presentaron varias pruebas fotográficas ante el juez– estaba utilizando ya el recinto antes de que se adjudicara el concurso. Al final, el caso terminó en el juzgado y el concurso paralizado. De hecho, en la web figura que está sin resolver, una situación que es consecuencia de la maraña judicial que sigue viva -desde La Marina no se han querido pronunciar sobre este hecho-

A esta causa, y por parte de la misma mercantil que inició el proceso judicial, se añadieron más datos a la querella por la celebración de las paellas universitarias. La denunciante asegura que se ha beneficiado a otra empresa para organizar un evento que a ellos se les negó en un primer momento. Los correos electrónicos a los que ha tenido acceso este periódico demuestran que el criterio de La Marina para la celebración de un evento como las paellas cambió en unos meses. La propuesta de Marina Beach apoyada por Fotur sí que ha recibido la autorización para el 1 de abril. Desde La Marina aseguran que sí que se informó a la otra empresa de la posibilidad de realizar el evento –los correos existen pero los afectados defienden que no les llegaron–. Además, se aferran al hecho de que en junio les comunicaron que en el plan de La Marina no estaba la idea de hacer macroeventos como las paellas, aunque el ente cambió de criterio meses después sin que se haya dado una explicación sobre el motivo.

A las causas judiciales se une el velo que se ha echado sobre la gestión económica de La Marina, que no sube sus cuentas a la web desde 2019 –desde la entidad aseguran que es por una cuestión técnica–. Hasta ese momento, y por cuatrimestres, la entidad colgaba un listado con los contratos menores, además de los informes de auditoría. Ahora, esas cuentas se pueden consultar a través de la plataforma de contratación del Estado, aunque las de 2021 no están disponibles.