El sindicato UGT denuncia que la Conselleria de Educación está vulnerando de forma habitual la Ley para el Fomento de la Responsabilidad Social que aprobó el Consell del Botànic hace más de un año y que debería haber condicionado las licitaciones de servicios, obligando a la subrogación del personal en las nuevas empresas que los prestan.
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La secretaria de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato, Lola Navarro, advierte que la actuación de la conselleria de Vicent Marzà afecta tanto a trabajadores del transporte escolar, como de limpieza y seguridad. Se trata de empleados que son despedidos y no son recuperados por la nueva adjudicataria.
El caso se repite también en diversos ayuntamientos y en hospitales de la Conselleria de Sanidad, especialmente en las licitaciones de personal de mantenimiento y utilización de maquinaria. Aunque el adelanto electoral no ha permitido hacer el reglamento que desarrolle esta norma, desde UGT se destaca que Marzà no haya tomado medidas para adelantar su cumplimiento, como sí han hecho otros compañeros de Consell.
«Educación es la peor en este tema», advierte Navarro. De hecho, la organización reclama que se instaure un organismo que controle las adjudicaciones de la Administración con empresas que mantienen estas prácticas y otras medidas que repercuten en el precio de la oferta, como la retribución del personal o el recorte de derechos laborales que abaratan su oferta en un concurso.
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