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La factoría Ford de Almussafes ha recibido en la legislatura que termina 64,9 millones de euros en ayudas distribuidas en diversas partidas y modalidades. De media, la división española de la multinacional ha recibido nueve millones de euros anuales de la Generalitat, por convenio, y entre dos y 5,6 millones más cada ejercicio por inversiones en Almussafes.
El reparto ha terminado con una aportación global de doce millones en 2016; 14,6 millones en 2017; 15 millones en 2018 y los 23,3 millones de euros incluidos en las actuales cuentas autonómicas, un 55% más que un año antes.
Sin embargo, esto no ha impedido que justo en este periodo la compañía comenzara un proceso de laminación como resultado de una planificación de producción que no ha ido acompañada de la demanda por parte de los compradores. Ya en el segundo trimestre de 2016, antes de que el pacto del Botànic cumpliera un año, comenzaron las negociaciones entre dirección y sindicatos para ajustar la producción y la plantilla a la demanda real del mercado, muy inferior a la que se había previsto.
Pasaron los meses y la situación no se fue arreglando, haciendo que se prescindiera de eventuales y temporales, intentado salvar hasta el último momento el contingente que debía incorporarse como fijo en función de los acuerdos alcanzados en 2015. El periodo más intenso del ajuste se produjo pasado el verano, cuando se entra a redactar de lleno los presupuestos del siguiente año. Precisamente para el nuevo ejercicio se estableció un aumento de las partidas que terminaron en manos de Ford de un 16%, hasta los 14,6 millones frente a los 12 millones de un año antes.
En 2016 parecía que la situación se podía levantar, aunque la planta de motores inició un ERE temporal de prácticamente un año y se negoció un plan de estabilidad laboral que terminaría votándose a principios de 2018, obteniendo un apurado apoyo del 51% de la plantilla. La aportación autonómica se había fijado para ese ejercicio en 15 millones, un poco más que en el presupuesto anterior. Sin embargo, esa esperanza de repunte quedó pronto cuestionada y definitivamente se descartó el 9 de octubre del año pasado, cuando la dirección mundial de la compañía aseguró que no invertiría ni un dólar más si la filial europea no volvía a la rentabilidad y comunicaba su intención de reducir plantilla y cerrar plantas.
En ese contexto, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, prometió «generosidad» pública a la empresa del óvalo, aunque la vicepresidenta Mónica Oltra advirtió que habría un límite, ya que el Consell «no tenía una máquina de fabricar dinero». Esto terminó con que las cuentas autonómicas de este ejercicio incluyen, en el apartado dedicado a la política industrial, los ya tradicionales nueve millones de euros del convenio anual con Ford para proyectos de desarrollo experimental e innovación en el sector de la automoción que tengan beneficios y un efecto tractor sobre empresas y pymes. Además, fija otros cinco millones para inversiones en la terminal logística del área industrial de Almussafes para su conexión y operatividad logística con el Corredor Mediterráneo, frente a los dos millones extras presupuestados este ejercicio para ese mismo concepto.
La aportación de las arcas públicas para Ford, dependiente de la Conselleria de Economía, se completa con una partida de 9,3 millones de euros para una nueva línea de producción e infraestructuras para vehículos eléctricos, como actuaciones enmarcadas en la transformación modernizadora de la estructura productiva. Sin embargo, esto no ha evitado que 40.000 unidades de Transit Connect ya se vayan a perder y se está a la espera del resto de medidas que penden sobre el 57% de la producción.
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