El fin de la moratoria anticipa un auge de los concursos de acreedores en la Comunitat Valenciana

España en general y la Comunitat Valenciana en particular ha vivido en los últimos doce meses una contracción de la economía incluso más dolorosa que la de los años de la crisis económica. La pandemia de coronavirus ha llevado a que una infinidad de empresas hayan visto reducidos sus ingresos hasta el punto de que se ven amenazadas por una situación de quiebra técnica pero las medidas aprobadas por el Gobierno han evitado que en muchos casos se haya declarado el concurso de acreedores. Pero esta moratoria decae justo en una semana y a partir del próximo 14 de marzo se espera una avalancha de solicitudes que tendrá un especial impacto en las provincias valencianas.

Los datos de las diferentes entidades que analizan esta cuestión no terminan de casar al detalle pero coinciden en que después de unos meses en los que se dejaron de abrir este tipo de actas, y que coincidieron con el confinamiento masivo, se pasó a un período en el que las cifras se recuperaron e incluso en los últimos meses ya superan los registros de otros años pese a la moratoria. Lo que hace presagiar lo peor para 2021.

Según los datos del colegio de registradores de la Propiedad de la Comunitat valenciana, los concursos de acreedores alcanzaron en 2020 la cifra de 3.428 en toda España, lo que representa 204 menos que en 2019. La Comunitat fue la tercera que más registro con 464. Por provincias, Alicante notificó 110, Castellón 46 y Valencia 308. El balance global viene viciado pero en el último trimestre ya van a más. El último informe de Iberinform asegura que en febrero este tipo de procedimientos aumentaron un 16% en la Comunitat Valenciana. Una situación hace vaticinar a los expertos un marzo y abril negros.

Estos complicados datos afectan de forma especial al sector de la hostelería, tal y como reconoce el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a que no se han compartido datos regionalizados se apunta a que en todas las autonomías se han incrementado en mayor o menor sentido el número de concurso de acreedores en este tipo de negocios. En la Comunitat han sido uno de los más golpeados por las restricciones para frenar la pandemia y tras mes y medio cerrados ahora tienen que conformarse con poder abrir las terrazas, lo que ha desatado las críticas del sector, que afirma que muchos no podrán sobrevivir y se verán abocados a este tipo de procedimientos. De media, han aumentado un tercio y se espera que se disparen una vez decaiga la moratoria. De forma paralela, los diferentes actores exigen ayudas directas que podrían evitar muchas quiebras y a su vez la declaración de concursos de acreedores.

Con un contexto tan complicado y ante la evidencia de que la recuperación llegará bien entrado el segundo semestre del año por los retrasos del plan de vacunación las presiones empresariales y sindicales aumentan para que el Gobierno apueste por alargar la fecha de la moratoria, tal y como ya se ha hizo hace unos meses. El ministerio de Economía encabezado por Nadia Calviño tiene dudas sobre si es necesaria esta medida pero se admite que sobre la mesa esta la posibilidad. El problema es que la decisión no puede demorarse ya que en una semana se alcanzará el límite legal y también existe la duda de si merece la pena retrasar algo que para muchos negocios resulta inevitable por duro que parezca.

En la Comunitat Valenciana el mayor concurso de acreedores que se quiere evitar es el de Feria Valencia, la entidad que permanece en un limbo entre lo público y lo privado y que arrastra una deuda que, unida a la falta de ingresos por la suspensión de los eventos durante la pandemia, está muy amenazada.

La cúpula de la institución ya avisó hace unas semanas en una reunión de la cúpula que para este año se estiman unas pérdidas de 92 millones como consecuencia de la deuda que sigue lastrando a la entidad pese a la pretensión de la Generalitat de asumirla. Si antes del 31 de marzo no se cierra el proceso se declarará la quiebra técnica y un posterior concurso de acreedores.

Para evitar esta situación la Generalitat trabaja a contrarreloj para encontrar una solución. Por un lado se ha acelerado el proceso para incorporar Feria Valencia al denominado sector público instrumental en el que están presentes las diferentes sociedades púbicas autonómicas, como À Punt o Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Lo que evitaría el concurso. También se presiona para que llegue la autorización europea que permitan reconducir las cuentas de la institución ferial con una inyección de fondos desde la conselleria de Economía. El problema es que los dos procesos cuentan con complicaciones jurídicas y la amenaza de que ninguno de ellos pueda cerrarse ante del 31 de marzo, lo que implicaría la quiebra y el concurso de acreedores.