Empresas de ITV alertan a Climent del «colapso» del servicio a partir de enero

Los planes del Consell de revertir a la gestión pública el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat a partir de 2023, cuando expire la concesión actual, se traducirán previsiblemente en un «colapso» de estas instalaciones desde el próximo mes de enero, cuando la Generalitat tenga que autorizar cualquier contrato que requieran las concesionarias.

Así se lo advirtieron ayer al conseller de Economía, Rafael Climent, desde la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat para la ITV (Aecova), en la reunión convocada para comunicarles la decisión de los socios del Botánico de poner fin a la gestión privada de la ITV vigente desde hace dos décadas.

Su presidente, Manuel Trigo, traslada a LAS PROVINCIAS que la exigencia de autorización pública para cualquier contratación que se haga a partir de 2020, con vistas a la reversión prevista tres años después, «complica la prestación del servicio porque no se podrá realizar ningún tipo de contrato sin autorización expresa, en un sector que necesita hacer miles de contratos cada año para atender a los usuarios y poder ajustar el servicio a la demanda».

Entre los cerca de 200 contratos anuales que suele realizar cada empresa cita, a modo de ejemplo, las sustituciones por bajas médicas o descanso vacacional y los refuerzos en las épocas de mayor demanda.

También se complica el panorama para acometer inversiones, en este caso no sólo por la necesidad de permiso de la administración y la previsible demora derivada de esa exigencia, sino por las dificultades para obtener préstamos bancarios en una situación de fuerte caída de ingresos que, según Manuel Trigo, conlleva incluso el riesgo de cierre de algunas empresas del sector.

Según indica, están «todos prácticamente condenados al ajuste económico» por las sucesivas bajadas de tarifas, hasta situarles en precios de hace quince años, y la bajada del número de inspecciones de vehículos, que «cada vez van a ir a menos».

En ese contexto, y para evitar problemas que afecten al usuario mientras se resuelven los frentes judiciales y administrativos abiertos por esas bajadas de tarifas, las empresas prometieron a Climent «máxima colaboración» de cara a la reversión.

Para las concesionarias de la ITV, es clave «ser escuchadas» por el Consell para acometer el «difícil traslado» a la gestión pública de un servicio que afecta a 1.200 trabajadores y se presta con un sistema informático diferente por cada empresa.

Y, de ahí, que tanto la Generalitat como las empresas afectadas apelen al trabajo conjunto para realizar esa compleja reversión, teniendo en cuenta esa variada casuística y las vicisitudes surgidas en el caso de los hospitales de gestión privada.

Desde la conselleria que dirige Rafael Climent trasladaron a este periódico que, además de comunicar a las concesionarias la intención del Consell de revertir ese servicio público cuando expire la concesión, se comprometieron a crear una comisión conjunta para trabajar de forma conjunta en ese proceso a lo largo de los próximos años.

Según destacan ambas partes, se trató de un encuentro institucional, en torno cordial, a pesar de las incertidumbres que se abren en torno a un servicio que lleva más de dos décadas en manos privadas y se enfrenta a un escenario de descenso de las inspecciones de vehículos.

La intención es preparar juntos esa reversión, a falta de ver cómo afectan a sus relaciones los distintos frentes judiciales abiertos. El último, para reclamar a la Generalitat los veinte millones anuales que aseguran dejar de ingresar por la bajada tarifaria aprobada en mayo y que, según Aecova, implica volver «al nivel de las tarifas de ITV de 2004» y parte de un «gravísimo error de cálculo» en torno al precio medio.

Cabe recordar que esta entidad ya apeló al TSJCV para pedir la anulación de esos precios, con el argumento de que «bajar las tarifas más que las anuladas es una manera de no cumplir con la sentencia» que tumbó la bajada anterior, y aún está pendiente de que se pronuncie. También está por resolver la reclamación de 76 millones de euros a la Generalitat por el impacto de la anulación de la bajada anterior.