La factoría de microchips en la Comunitat requiere 15.000 millones de inversión

Sin embargo, esta voluntad o pretensión se antoja mucho más difícil de lo deseado. Para empezar, requiere una inversión de 15.000 millones de euros y un tiempo estimado de un año y medio, según datos porporcionados por la Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción (AVIA) a LAS PROVINCIAS.

A esto se añade otro ingrediente: la pugna que se levantará entre distintas ciudades europeas para llevarse a su territorio esta factoría que debería proveer a toda Europa, según explican distintas fuentes de la patronal. «Sería deseable y necesario que cada continente acogiera una fábrica de microchips que garantizara el suministro para sus industrias, sin la dependencia de Asia, y sin la dependencia del transporte internacional –que además, también se ha encarecido notablemente–», indican.

Es decir, necesitaría «el consenso de varios estados» y de una «definición estratégica» para todo el continente. «Si pensamos en Europa, la decisión de instalar una fábrica de microchips es estratégica para el conjunto de la Unión, aunque se abra una pugna entre estados miembros por albergarla en su territorio», agregan las mismas fuentes.

En ese sentido, estados como Alemania u Holanda ya han anunciado la posibilidad de implantar una fábrica en sus territorios. Por su parte, tanto China como Estados Unidos han comunicado estrategias dirigidas a su abastecimiento.

«La carencia de microchips que está afectando drásticamente a la producción de vehículos tiene un conjunto de razones que no se pueden abordar desde una sola perspectiva, ni desde un solo estado. Mucho menos desde una sola comunidad autónoma», aseguran desde la patronal valenciana de la automoción.

Precisamente, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también abogó por la creación de una factoría de microchips en España. En concreto hizo estas declaraciones en la sexta edición del Foro ECOMOV organizado por LAS PROVINCIAS. En su discurso, admitió que se trata de una «problemática europea» que afecta de forma especial a España por ser el segundo fabricante de automóviles del continente.

Cabe recordar que esta situación ha impactado de lleno en la Comunitat. La dirección de Ford Almussafes acordó a principios de octubre con el sindicato mayoritario, UGT, un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Esto fue el detonante para que la compañía haya iniciado un proceso de reestructuración con vistas a aclarar su futuro en Europa. El secretario del comité de empresa y portavoz de UGT en la planta, José Luis Parra, señaló que el objetivo es «alcanzar un acuerdo que proteja los derechos de los trabajadores» en la renovación del convenio colectivo y, sobre todo, que «cuando llegue el momento de que la multinacional concrete su apuesta de vender solo coches cien por cien eléctricos en Europa, Valencia tenga la mejor carta» para fabricarlos.

Por ello, la instalación de una factoría de baterías eléctricas se ha convertido en otra batalla para la planta valenciana y, en consecuencia, para el resto de empresas. Sin embargo, la región valenciana debe competir con otras autonomías, que esperan que el Gobierno anuncie qué iniciativas entrarán en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Gobierno, cuya finalidad es implantar toda la cadena para producir coches eléctricos en España.