La tregua termina para el polémico bus-VAO de la V-21 y llega la hora de las primeras multas

En otras palabras, aquellos vehículos con un solo ocupante -con la excepción de las motos- ya pueden ser multados si circulan por los carriles izquierdos de la V-21 entre la entrada a Valencia y Albuixech, y viceversa, señalizados con carteles de color naranja. Las señales, situadas en los pórticos de carretera, muestran los iconos de un autobús, una moto y un coche con el número 2+, es decir, los vehículos que pueden transitar este tercer carril.

De esta forma se despeja una de las incógnitas que quedó en el aire durante el descubrimiento del hito conmemorativo de la culminación del tercer carril de la V-21, un acto que contó con la presencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, entre otras autoridades. Aquel 28 de diciembre Sánchez simplemente aseguró que «en los próximos meses» se definiría cómo se iba a controlar el paso de coches con un único ocupante por el carril.

Ahora, la resolución de la DGT, que entró en vigor hace unos días, contempla en su apartado Primero las restricciones a la circulación para pruebas deportivas, transporte de mercancías y carriles reservados para la circulación de vehículos con alta ocupación (VAO). En este caso figuran tramos de la A-2 y la A-6 en Madrid, la GR-3211 en Granada, el puente de la Señorita entre Sevilla y Camas, varios kilómetros en la A-357 y A-7056 en Málaga, la Ma-19 en Palma de Mallorca y un tramo de la V-21.

En concreto, en referencia a la autovía valenciana, «los carriles izquierdos de ambos sentidos de la autovía V-21 en la provincia de Valencia, entre los kilómetros 10,101 (Albuixech) al 16,470 (Alboraya) en sentido creciente, y entre los kilómetros 16,710 (Alboraya) al 10,390 (Albuixech) en sentido decreciente, cuando así lo disponga la señalización existente«, señala el texto.

Es en el apartado Segundo de la resolución donde figura el régimen sancionador, que está vinculado con la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. En este caso, el artículo 76.c hace referencia a las infracciones graves por «incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación». La multa, en estos casos, asciende a 200 euros.

Además de esa cuantía económica, los agentes de la autoridad encargados de la gestión del tráfico podrán proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, «a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe, siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones».

No obstante, al margen de la publicación de la resolución a la que remite el ministerio al ser preguntado por la situación del carril bus-VAO, todavía no se conoce cómo se controlará si los vehículos que circulan cumplen efectivamente con el requisito de llevar al menos dos ocupantes, esto es, si se realizará mediante cámaras de tráfico o con campañas de vigilancia.

La resolución publicada en el BOE también enumera qué tipo de vehículos pueden circular por los carriles bus-VAO. «En todos ellos, el número mínimo de ocupantes por vehículo será de dos, incluido el conductor, quedando limitada su utilización a motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables. En consecuencia, está prohibida su utilización por el resto de vehículos y conjunto de vehículos, incluidos los turismos con remolque, los ciclos y los ciclomotores». Eso sí, establece una serie de excepciones como vehículos con distintivos de movilidad reducida, coches de policía o taxis, entre otros.

Este carril bus-VAO en la V-21, que se extiende a lo largo de seis kilómetros, ha sido el primero de estas características de la Comunitat y figuraba como en la estrategia de movilidad de la provincia de Valencia que diseñó la Conselleria de Obras Públicas y después solicitó el Ayuntamiento de Valencia. De hecho, motivó uno de los tres modificados que sufrió la obra de ampliación de la V-21, cuyas obras se adjudicaron en 2018 y que despertó protestas de colectivos ecologistas.