La CEV afea al Consell que aumente el gasto para engrosar estructura en sanidad o la ITV

La CEV augura «una legislatura más complicada» que la anterior en la Comunitat Valenciana, entre otras cosas por las guerras internas entre los socios de un Botànic diferente, «no porque haya entrado un tercer partido sino porque, después de cuatro años de noviazgo, no sé qué ocurre ahí pero hay ocasiones en que, dentro del propio gobierno, se hace más oposición que la propia oposición», en palabras de su presidente, Salvador Navarro.

Así lo afirmó en una rueda de prensa en la que prometió una patronal «proactiva y crítica» en Madrid y en Bruselas, donde tendrá personal propio, para reivindicar soluciones a problemas como la infrafinanciación, la deuda histórica y el déficit en inversiones que sufre la Comunitat, sin descartar otra manifestación como la protagonizada en 2017 por políticos, sindicatos y empresarios, y que hoy volvería a repetir, aunque mejor organizada, porque «faltó más presupuesto».

«Gobierne quien gobierne, me da igual que sea Montoro que Montero, y lo sabe», aseguró Navarro, decidido a «volver a movilizar a la sociedad civil» si la solución prometida por la titular de Hacienda no llega. «En esto, conjuntamente con los sindicatos, nos hemos quedado solos», dijo sobre políticos que, «como buenos partidos, se han dedicado a politizar». Sobre el 'president' Ximo Puig, destacó su «buen posicionamiento» de cara a Pedro Sánchez por defender el diálogo con Cataluña.

Navarro exigió «soluciones para todos» y estará «alerta» para que las «cuestiones ideológicas» y la «mayor sensibilidad hacia otros territorios» no perjudiquen a la Comunitat que, a su juicio, se verá favorecida por Cataluña en la reforma de la financiación autonómica. «Cataluña va a servir para que se abra ese melón, pero tenemos que estará muy atentos y proactivos a lo que se decide», recalcó, en tono crítico ante actitudes como estar «acostumbrados a que vengan ministros y lo único que se ha hecho es aplaudir». «Eso en Cataluña no pasa», zanjó.

Para la CEV, el «espejo en el que debe mirarse» el nuevo Gobierno es el del diálogo social mantenido por administración, patronal y sindicatos en la Comunitat, para no caer en el «monólogo social» ni «actuar también de sindicato». A su juicio, habrá modificaciones pero no una derogación de la reforma laboral, y lo que debe preocuparles es el aumento del déficit público, la presión fiscal, las reformas pendientes sobre el sistema de pensiones o la erradicación de la economía sumergida.

En el ámbito político no considera tan ejemplar la situación, con «guerras internas» entre socios de gobierno, «inseguridad jurídica» por la politización de proyectos como la terminal de la ampliación norte del Puerto y un aumento del gasto para tener «cada vez más estructura propia, pública, en detrimento de lo privado» con la reversión a la gestión pública de hospitales y la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) «por una cuestión ideológica».

«Este gobierno cada vez más está gastando, no invirtiendo, ese dinero público en detrimento de lo privado», y «eso al final hay que pagarlo, el dinero de la financiación autonómica, esos 1.300 millones, nos los gastamos todos los años porque como no ejecutamos, nos los gastamos por otro lado», criticó Navarro, que apeló a la «colaboración público-privada, pero no de boquilla».

Sobre las guerras del Botànic, aludió a la pugna de Compromís y PSPV por las competencias de innovación. Navarro tildó de «situación crítica» que los institutos tecnológicos dependan del Ivace (Economía), y no de la nueva Conselleria de Innovación, que sería «lo lógico» para evitar, además, un «problema territorial, que Alicante considere que se le da una conselleria que está tardando en funcionar y sin cometido». A su juicio, «toda la innovación del Gobierno valenciano tiene que ir a la Conselleria de Innovación, otra cosa son las luchas internas de poder, si es Compromís o PSPV».

Para Feria Valencia, que espera que esté liberada de deuda «a corto plazo», reclamó «un modelo de gestión eficiente y ágil, y eso no lo puede dar la Administración», sino empresas y también asociaciones que quieran gestionar sus certámenes.

Respecto a la liberalización de la AP-7 y un posible peaje blando, instó al Gobierno a que «estudie si el Estado puede mantener las infraestructuras y si tiene que haber un peaje blando, que sea para todos».