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La reducción de la jornada laboral es una reforma que el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar lleva trabajando desde hace tiempo. Impulsada principalmente por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, parece que tendrá que retrasarse hasta mediados de 2025. La que fuera líder de Sumar explicó que este retraso para la aplicación de la reforma se debe al propio proceso legislativo pertinente una vez que el Gabinete de Pedro Sánchez la lleve a cabo pese a la oposición de las patronales CEO y Cepyme. La base de este proyecto es reducir la jornada laboral de los trabajadores a 37,5 horas semanales. Sin embargo, más allá de esta rebaja la nueva norma traerá consigo una serie de cambios clave que afectan al registro horario y a la desconexión digital.
Con el nuevo registro horario que quiere implantar el Gobierno, ya no será posible fichar «a la vieja usanza», firmando el clásico cuadrante que se puede encontrar en muchas empresas. Una vez se apruebe la reducción de jornada, las empresas deberán contar con un registro interoperable; lo que significa que tendrá que ser digital y permitir el acceso remoto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En el texto que se sacó a consulta pública el pasado mes de noviembre, se quiere implementar «sistema de registro de jornada realmente eficaz, presidido por los principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad e interoperabilidad» y que «sea accesible a cada persona trabajadora de modo automático y a la representación de las personas trabajadoras y a la ITSS (en estos dos últimos casos también de modo remoto)».
De esta manera, tanto los trabajadores como los inspectores podrán acceder en cualquier momento a dichos registros. Un cambio que se lleva a cabo para garantizar el cumplimiento efectivo de la reducción de jornada. La iniciativa, no obstante, no ha sido bien acogida por los empresarios, que han calificado este punto de la normativa como «dinamita» por el cambio legislativo que supondrá respecto a las sanciones por incumplimiento.
El Ministerio de Trabajo va a endurecer las sanciones actuales por los incumplimientos en materia de registro horario. Por un lado, las multas ahora serán por cada trabajador con el que se ha incumplido la ley y no por empresa. Por otro lado, la cuantía de las sanciones va a ser mayor. Actualmente van de 750 a 7.500 euros. Sin embargo, con la nueva normal podrían llegar hasta 10.000 euros en caso de infracciones muy graves.
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