Nueva protesta de los transportistas en Valencia por el aumento de costes

Los transportistas salen este sábado de nuevo a la calle para protestar por la subida de los costes de los carburantes y por las condiciones laborales que tienen. Lo hacen convocados por Asotraport y por la Plataforma en Defensa del sector del transporte de mercancías por carretera, que han hecho un llamamiento para que acudan cabezas tractoras y turismos a partir de las 11 horas en el paseo de la Alameda. Habrá una protesta similar en Algeciras

Según explican en un comunicado, el sector está trabajando «con precios de los portes de 2003, con el combustible al doble de precio que esos años, con una gran subida de precio de neumáticos, talleres, etcétera». En este sentido, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) fijó hace unas semanas en un 36% el gasto de más en carburantes que están asumiendo.

«Cada vez nos complican más nuestras labores para desarrollar nuestra faena y somos menos productivos, con problemas de cargas en fábricas, incidencias en depósitos y terminales y qué decir de las grandes colas que sufrimos en terminales», señalan en referencia a los problemas a los que se enfrentan en sus jornadas.

Los transportistas reclaman, entre otras medidas: no trabajar por debajo de costes de explotación; pago máximo a 30 días sin posibilidad de pacto en contra; solicitar «un buen convenio nacional para que no haya desigualdades en salarios dependiendo del área geográfica; y seguridad por parte del Estado en las áreas de descanso y en polígonos industriales.

La jubilación a los 60 años para el sector, el reconocimiento de enfermedad profesional las relacionadas con el puesto de trabajo o la eliminación de la carga y descarga por parte de los conductores son otras de las reivindicaciones de los camioneros.

Precisamente este último punto estaba incluido en el acuerdo que el sector alcanzó con el Gobierno el pasado diciembre y que sirvió para desconvocar los paros previstos en los días previos a Navidad. El compromiso del Ejecutivo central, en concreto del departamento de Raquel Sánchez, fue que el real decreto-ley con las medidas estuviera aprobado en febrero, aunque todavía no se ha producido.

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