Nueve de cada diez polígonos no tienen quien afronte sus problemas de abandono

Nueve de cada diez polígonos no tienen quien se ocupe de sus problemas de suciedad, abandono y dejadez en materia de conservación, mantenimiento y seguridad por parte del municipio de turno, según apuntan a LAS PROVINCIAS desde la Federación de Polígonos (Fepeval). La ausencia de entes gestores en las áreas empresariales, patente en toda España, podría tener los días contados en la Comunitat Valenciana con la nueva ley que abre la puerta a constituir comunidades de propietarios, de adscripción obligatoria, siempre que el 51% de los dueños acuerde su creación.

El primer paso para poner en marcha una entidad de gestión y modernización, figura jurídica recogida en la Ley de Áreas Empresariales, es que un 25% de los propietarios cree una comisión promotora y proponga al ayuntamiento su creación.

Una vez acordadas las funciones y servicios que prestará ese órgano de colaboración público-privada, con el visto bueno del pleno municipal, un 51% tanto de las personas titulares de derechos como de la superficie del polígono deberá apoyar la creación de esa entidad gestora. A partir de ese momento, todas las empresas de esa área industrial estarían obligadas a formar parte de la nueva comunidad de propietarios para compartir gastos, a diferencia de lo que sucede actualmente.

De los cerca de 700 polígonos existentes en la Comunitat, apenas una quincena tiene entidad urbanística de conservación, una figura antigua similar a la comunidad de propietarios y mejorada ahora con la introducida en la nueva ley autonómica. Ese grupo de los mejor gestionados, según Fepeval, lo integran Elche Parc Empresarial, Asivalco (Fuente del Jarro), València Parc Tecnològic, Las Atalayas (Alicante), El Rubial (Villena) o La Esperanza (Segorbe).

A ellos se suman otros cuarenta que poseen asociaciones empresariales de carácter voluntario, algunas consideradas un caso de éxito, como la Asociación de Parques y Polígonos Industriales de Almussafes, y otras con menor fortuna, básicamente aquellas en las que prima el «efecto polizón» y las empresas optan por quedarse al margen, ya que no están obligadas a repartir gastos para beneficiarse de las mejoras.

Sin un interlocutor claro ante la administración que reivindicase sus necesidades, el estado general de los polígonos es deficiente en materia de limpieza, seguridad, mantenimiento o digitalización, lo que dificulta la captación de inversiones y también la retención del talento.

La mayoría carecen de banda ancha y sus inquilinos se ven obligados, por ejemplo, a archivar los correos electrónicos para enviarlos al llegar a casa o a llevarse el disco duro para poder hacer copias de seguridad. Y, de ahí, que desde Fepeval se aplaudan los beneficios que introduce la nueva ley autonómica, pionera a nivel nacional y que «está inspirando ya» a otras comunidades.