El nuevo subsidio de desempleo retrasa su entrada en vigor: requisitos, quién puede pedirlo y a quién afecta más

La reforma el subsidio por desempleo entrará en vigor de forma general el 1 de junio de 2024, más de seis meses después de su aprobación y publicación, según recoge el Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, publicado en el BOE.

El texto precisa que podrán solicitar el subsidio a partir del 1 de junio de 2024 todas las personas que hayan agotado la prestación contributiva desde el 30 de abril de 2024, así como quienes en el momento de la entrada en vigor de la norma no hubieran cumplido el mes de espera previo para solicitar el subsidio, según informa Europa Press.

La reforma del subsidio por desempleo aprobada en el Consejo de Ministros de este martes amplía el universo de beneficiarios, actualmente de unas 800.000 personas, a más de un millón, así como las cuantías a percibir durante el primer año de la prestación. La reforma será de mayor cuantía durante el primer año de percepción, será compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación e irá ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios.

Quienes a 1 de junio de 2024 hubieran solicitado o fueran beneficiarios o tuvieran suspendido el subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, por cotizaciones insuficientes o el subsidio para mayores de 52 años, se regirán por la normativa anterior a esta reforma hasta la extinción del derecho. A los perceptores del subsidio mayores de 45 años se les garantiza en esta norma que a lo largo de 2024 contarán con un perfil individualizado para permitirles acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación.

Puedes leer la norma íntegra publicada en el BOE, con todas las tablas y especificaciones concretas:

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La reforma eleva el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, a:

• 570 euros durante los primeros seis meses de percepción (95% del Iprem)

• 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem)

• A partir del año se recupera el 80% del Iprem hasta su extinción (480 euros), que se mantiene en un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.

Estas cuantías son las que corresponderían al subsidio con el actual Iprem, que es de 600 euros al mes. En caso de que este indicador se incremente, también lo haría el importe del subsidio, pues lo que fija la reforma son los porcentajes del Iprem a los que debe equivaler la ayuda. Eso sí, estas nuevas cuantías serán de aplicación a los nuevos perceptores que se reconozcan a partir de la entrada en vigor de la reforma, a partir del 1 de junio de 2024, no a los anteriores.

Los mayores de 52 años son los grandes perjudicados con la reforma. Ellos no podrán disfrutar de la subida de la cuantía hasta los 570 euros, ya que su cuantía se mantiene en el 80% del Iprem, y, además, se les reduce la cotización que aporta el SEPE por ellos para su futura jubilación.

Si ahora cotizan por el 125% de la base mínima (1.575 euros al mes), se les va rebajando progresivamente hasta situarla en el 100% en 2028. Así, a los perceptores del subsidio para mayores de 52 años que les sea concedido este subsidio el 1 de junio de 2024 o en fecha posterior ya en 2024 su cotización será por el 120%, en 2025 por el 115%, en 2026 por el 110% y en 2027 por el 105%. Esta merma de cotización tendrá de igual forma un recorte en su futura pensión.

Si el subsidio fuera concedido antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%.

El Gobierno lo compensa ampliando su duración y por las cotizaciones por la contingencia de jubilación de las que carecen el resto de subsidios.

La reforma incorpora también al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según estimaciones de Trabajo) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000), así como a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.

La reforma reduce a dos los supuestos de acceso general a la ayuda: el subsidio por agotamiento de la prestación contributiva y por cotizaciones insuficientes. El texto unifica los requisitos de acceso a la Renta Agraria y al subsidio de trabajadores eventuales del Sistema Especial Agrario sobre el cómputo recíproco de cotizaciones del PROFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario).

La reforma mejora la accesibilidad al subsidio al suprimir el mes de espera tras el agotamiento de la prestación contributiva para presentar la solicitud, ampliándose además a seis meses el plazo de solicitud.

Con carácter general, el derecho al subsidio nacerá el día de su solicitud, desapareciendo los llamados días consumidos por solicitud fuera de plazo, y ahora se pagará desde el mismo día en que se pida.

La duración se mantiene tal cual estaba y depende de distintas circunstancias, como la edad, las circunstancias familiares y la duración de la prestación agotada. Lo habitual son seis meses pero hay un máximo de 30 meses para diversos supuestos. Además, los mayores de 52 años pueden mantener esta prestación hasta su jubilación.

Además, se unifica la duración de este subsidio en los casos de tener responsabilidades familiares con independencia de la edad en el momento de agotar la prestación. También se podrán acoger al subsidio de cotizaciones insuficientes quienes acrediten periodos cotizados inferiores a seis meses y carezcan de responsabilidades familiares.

La norma establece la posibilidad de compatibilizar el subsidio por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial durante los primeros 180 días sin pérdida de cuantía a través de la percepción de un complemento de apoyo al empleo, que irá desde el 5% hasta el 80% del Iprem en función del trimestre de percepción, de si el puesto de trabajo es a tiempo completo o a tiempo parcial y de las horas trabajadas.

El subsidio no será compatible con un empleo por cuenta ajena cuando la contratación la efectúen empresas inmersas en un ERE o en las que el desempleado haya trabajado durante el año anterior.

Las prestaciones por desempleo (contributiva y subsidio) serán compatibles con becas y ayudas que se obtengan por asistencia a acciones de formación profesional o en el trabajo o para realizar prácticas formativas o académicas externas en entidades públicas o privadas que formen parte del plan de estudios y se produzcan en el marco de colaboración entre dichas entidades y el centro docente de que se trate.

La prestación estará vinculada a un itinerario personalizado de activación para el empleo mediante la suscripción de un acuerdo de actividad en el marco de la Ley de Empleo, con un conjunto de servicios que establecen derechos y obligaciones recíprocas entre la persona demandante de los servicios públicos de empleo para incrementar la empleabilidad de los beneficiarios.

En la nueva regulación del nivel asistencial se mantiene la acreditación ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y también ante los servicios públicos de empleo autonómicos de las acciones dirigidas a la búsqueda activa de empleo, reinserción laboral o mejora de la ocupabilidad.

La norma garantiza a los beneficiarios el servicio de tutorización individual, asesoramiento continuado y atención personalizada, e introduce una nueva causa de suspensión de la prestación y del subsidio por desempleo: la interrupción del acuerdo de actividad. Con ello, argumenta el Gobierno, se pretende reafirmar la vinculación de las prestaciones por desempleo con el seguimiento de medidas de inserción laboral.

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