Obligados a fichar desde el lunes

Desde el próximo domingo, 12 de mayo, todas las empresas están obligadas por ley a registrar la jornada laboral diaria que realizan sus trabajadores, una medida con la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende atajar el fraude de las horas no remuneradas ni libradas y por las que tampoco se cotiza. A dos días de tener que cumplir esa exigencia legal, desde la patronal valenciana subrayan las «dudas y preocupación» del empresariado sobre la capacidad de controlar la entrada y salida de todos sus empleados, por la inversión necesaria y, sobre todo, por la complejidad de hacerlo en las pymes o en negocios con horarios flexibles.

De no hacerlo, las empresas se enfrentan a sanciones de 626 a 6.250 euros por parte de la Inspección de Trabajo, que desde el próximo lunes podrá comprobar la implantación del registro de jornada, ya sea mediante el tradicional sistema de ficha o vía apunte manual, hojas de cálculo, identificación dactilar u ocular o con soluciones telemáticas, a través del ordenador o el móvil.

Según la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, los inspectores actuarán «con cabeza, mesura y sentido común». Sin periodos de gracia ni moratorias, pero sí con cierto «margen de maniobra» para atender a las empresas y resolver sus dudas antes de sancionar.

La obligación del registro de jornada, que ya se exigía para las horas extraordinarias y los contratos a tiempo parcial, emana de un decreto-ley en vigor desde marzo y llamado a «garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, crear un marco de seguridad jurídica y posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo».

CC OO sitúa a la Comunitat como la segunda con mayor número de horas extraordinarias realizadas, con 5.246.988 al mes y un 30,9% no pagadas, y estima que se podrían transformar en 32.000 empleos al año. El secretario de Acción Sindical de CC OO PV, Daniel Patiño, valora la obligación de registro diario de la jornada «para proporcionar transparencia, en la línea de otras legislaciones europeas, visibilizar nichos de economía sumergida por el fraude de las horas extraordinarias (o no pagadas, o pagadas irregularmente), y como mecanismo de control de un trabajo decente».

Isabel Merenciano, directora del área de derecho laboral de Broseta en Valencia, indica que «en las áreas productivas no es extraño encontrar controles de acceso», a diferencia de lo que suele suceder en el sector servicios. O en el agrario y, de ahí, que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) reclame un reglamento específico ante la «imposibilidad de fichar en el campo», por su temporalidad y la necesidad de trabajar a destajo en temporada, de forma legal y remunerada según convenio.

En el transporte, desde la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) dan por cumplida esa exigencia para los conductores con tacógrafos, siempre que trasladen los datos a un informe que permita identificar los horarios. En el resto de casos, cada empresa negociará con los representantes sindicales cómo hacerlo, o tomará una decisión si no hay acuerdo, y advierten de que «no está suficientemente claro cómo registrar la jornada del personal de confianza no sometido a control horario» o de quienes tienen flexibilidad horaria.

Según Merenciano, «las empresas tendrán que dedicar recursos a cumplir la jornada máxima legal», más o menos según el método que elijan para registrar los datos y poder conservarlos durante cuatro años.