Qué ocurre con el dinero de las herencias sin dueño: esto es lo que se embolsa Hacienda

Cuando una persona fallece sin dejar herederos legítimos o sin haber designado beneficiarios en su testamento, sus bienes y propiedades se convierten en herencias yacentes, es decir, quedan sin reclamar y, por lo tanto, sin repartir. Si estas herencias no son reclamadas en un plazo de 30 años desde el fallecimiento del causante, pasan a formar parte del patrimonio del Estado. La Administración General del Estado es la encargada de gestionar, valorar y liquidar estos bienes, y los ingresos obtenidos se suman a las arcas públicas.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda a través del portal de transparencia a Newtrall, entre 2019 y 2023, un total de 187 personas fallecieron en España sin dejar un testamento válido o sin tener descendientes que pudieran heredar sus bienes. En estos casos, es la Administración General del Estado la encargada de gestionar y liquidar esos bienes, ingresando el dinero resultante en sus arcas. Un proceso que ha generado unos ingresos de 18.119.115 euros en los últimos cinco años.

El proceso de administración de las herencias yacentes no solo implica la acción directa del Estado, sino que también se apoya en la colaboración ciudadana. En este sentido, el Real Decreto 1373/2009 establece que cualquier persona que informe a las autoridades sobre la existencia de una herencia yacente puede recibir una recompensa del 10% del importe final obtenido. Este incentivo tiene como objetivo asegurar que ninguna quede fuera del control estatal.

El decreto especifica claramente los procedimientos y requisitos para que una persona pueda reclamar este beneficio. Es fundamental que la información proporcionada sea veraz y conduzca efectivamente a la identificación y liquidación de la herencia. Esta medida no solo incentiva la participación ciudadana, sino que también agiliza el proceso de gestión de las herencias yacentes, beneficiando tanto al Estado como a los ciudadanos que colaboran.

La gestión de las herencias yacentes implica una serie de procedimientos complejos. Inicialmente, el Estado debe identificar y catalogar los bienes que forman parte de la herencia. Este proceso puede involucrar la búsqueda de propiedades inmobiliarias, la valoración de objetos de valor y la localización de cuentas bancarias y otros activos financieros.

Una vez identificados, estos bienes deben ser valorados y puestos a la venta, que puede realizarse a través de subastas públicas u otros mecanismos establecidos por la ley. El objetivo es obtener el máximo valor posible para cada activo, asegurando así una mayor contribución a las arcas públicas, ya que estos fondos suelen ser utilizados para financiar diversos programas sociales, infraestructuras o para reducir el déficit público.