La oposición cuestiona la legalidad del decreto de tanteo de Dalmau

El decreto ley del Consell para ampliar el parque público de vivienda mediante los derechos de tanteo y retracto, además de despertar recelos por su voluntad intervencionista en la patronal, las agencias inmobiliarias, los promotores y colectivos profesionales como los asesores fiscales, genera serias dudas sobre su legalidad entre los partidos de la oposición en Les Corts.

A falta de que sea ratificado por la cámara autonómica, lo que hará el miércoles, según el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, sin "sufrir ninguna modificación" porque "ha pasado por todas las garantías democráticas y normativas de la Generalitat", el PP estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad, mientras Ciudadanos exige debatirlo y no descarta que acabe en los tribunales.

«Es puro intervencionismo, sin respeto a derechos constitucionales, y propio de la extrema izquierda de Podemos», afirma Alfredo Castelló, para quien «retrasar la compra de edificios o viviendas 60 días para poder ejercer el derecho de tanteo o por otros 60 para ejercer el derecho de retracto es condenar a la desaparición al sector de la construcción».

El PP critica que el Botànic «plantea una expropiación de viviendas privadas y lo hace de forma ilegal a través de un decreto ley que no tiene ningún tipo de justificación ni de forma, ni de fondo». Es por eso que estudia llevarlo al Tribunal Constitucional, con el argumento de que «regula derechos que son competencia del Estado y, por lo tanto, genera inseguridad jurídica y está paralizando todas las compraventas de viviendas».

«Este decreto es puro chavismo y comunismo en la España del siglo XXI y demuestra que la seguridad jurídica y la libertad de empresa han muerto», sentencia el diputado popular, quien opina que «de nuevo Podemos se impone ante el presidente Puig, que sigue siendo un títere para el gobierno de Sánchez y también para sus socios». «Expropiar viviendas privadas para podérselas dar a ONG o entidades sin ánimo de lucro, estando Podemos de por medio, suena muy mal, pero el PSPV traga con todo», apostilla.

Señala, además, que la partida presupuestaria para ejercer el tanteo se recortó de dos millones a uno, y se pregunta «qué se puede hacer con este presupuesto». A su juicio, «sólo pretenden embarrar la actividad económica» y eso «demuestra que la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda, que era una mera dirección general con una persona al frente, está absolutamente injustificada porque no le queda nada que gestionar».

También afea a los socios del Botànic que «quieren que quienes paguen sean los ayuntamientos», a los que «quieren obligar a gestionar vivienda pública», mientras «la familia podemita aumenta, ya son 18 altos cargos y asesores, y Dalmau, todos prescindibles», apostilla Castelló.

El PP echa en falta, entre otras medidas, que den a familias en lista de espera las «más de 1.700 viviendas que tienen ocupadas ilegalmente» y rehabiliten las 800 vacías del parque público, además de cuestionar que «no ponen ni un euro en el decreto para ayudas Covid para pagar ayudas de alquileres e hipotecas».

A Ciudadanos le preocupan «varias cuestiones de esa propuesta, y la primera es su legalidad». Según Peris, «Podemos no es de fiar, siempre antepone su ideología a los criterios del interés general», y «el proyecto, además de su posible falta de constitucionalidad, tal como está redactado da lugar a libres interpretaciones y ello puede generar inseguridad jurídica».

Se trata, en su opinión, de «una imposición más del Botànic» y reivindica que «lo más razonable es que se tramite como proyecto de ley en Les Corts, dando opción así al resto de grupos a presentar enmiendas y mejorar la propuesta en aquello que sea necesario».

Para el líder autonómico de Vox, ese decreto implica «la aplicación del comunismo puro y duro en la Comunitat Valenciana», y «la Administración, que pagamos entre todos, está para dar soluciones, pero no para confiscar, requisar o usurpar, que es justamente lo que se pretende».

«Reconocemos el derecho a la vivienda, pero hay igualmente un derecho a la propiedad; y también hay que respetar la validez de la figura jurídica de los contratos», recalca su presidente y portavoz adjunto, que carga contra la suspensión de los contratos de arrendamiento «por regla». «Están diciendo que un arrendatario tiene derecho a quedarse en una vivienda para toda la vida y que el arrendador no tiene ningún derecho, y eso es inaceptable», zanja.