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La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) lanzó ayer una clara advertencia al Consell: o se despejan las incógnitas sobre ... la refundación de Feria Valencia o peligra la próxima edición del certamen Cevisama, previsto entre el 7 y el 11 de febrero de 2022 tras no haberse celebrado la edición de este año por la pandemia de Covid.
«Resulta muy complicado para los sectores comprometer los recursos necesarios para asistir a un certamen en una entidad ferial que pende de un hilo», remarcó ayer la patronal del sector en un comunicado. ¿Los motivos? Contexto de incertidumbre «sin garantizar la viabilidad económica de la entidad, sin definir un modelo claro y consensuado de operación y sin garantizar un modelo de gestión que asegure la supervivencia económica».
Una llamada de atención que se produce tras el último desencuentro entre las consellerias de Hacienda y Economía –o lo que es lo mismo, PSPV y Compromís– a cuenta del futuro modelo legal de Feria Valencia (y que también se aplicará en la Institución Ferial Alicantina). Y que llega desde el principal cliente de la entidad ubicada en Benimàmet pues, como recuerda Ascer, Cevisama supone alrededor del 30% de los ingresos de Feria Valencia.
«Los informes del IVIE sobre el impacto de Feria Valencia en la economía valenciana evidencian la riqueza que crea en forma de rentas, empleo y recaudación fiscal. Esto no sería posible sin la celebración de Cevisama y otros certámenes que son líderes internacionales en sus respectivos ámbitos sectoriales», detalló la patronal. Por ello, emplazó al Consell a poner los «medios necesarios» para alcanzar una «solución consensuada» que aporte «certidumbre a los sectores expositores y garantice la continuidad de la feria».
La entidad que preside Vicente Nomdedeu critica la «falta de consenso» en el Consell sobre el modelo jurídico para la institución ferial, ya que Hacienda, en sus alegaciones a la fórmula diseñada por Economía, rechaza el modelo de corporación privada de derecho público y aboga por crear una empresa pública.
Para Ascer, tras las discrepancias de los socios del Botánico, «subyace un problema político y económico de gran magnitud y desde el sector estamos convencidos de que el Consell tiene capacidad de maniobra y de diálogo suficiente para anteponer los intereses de los sectores a las diferencias entre consellerias para alcanzar una solución que garantice la actividad ferial en el corto plazo».
Ascer, que aglutina al 95% de la producción sectorial, lamenta que se haya vuelto a «la casilla de salida en la discusión» sin poner una solución tanto a la asunción de la deuda –de más de 400 millones– ni a la viabilidad económica, que son, a su juicio, los «principales escollos» para el desbloqueo de la situación. «Vemos con preocupación el futuro de Feria y por extensión el futuro de los certámenes que en ella se celebran», asegura la patronal.
«El clúster no entra a valorar cuál es el modelo más apropiado, ni quién debe asumir el liderazgo en la gestión de la feria, pero sí que urge al Consell a poner una solución que aporte seguridad y certidumbre para aquellos sectores económicos directamente involucrados en el devenir de Feria», señaló al tiempo que trasladó su «total disposición» a colaborar con la Administración valenciana «en cuanto sea necesario» para desbloquear la situación.
La patronal ha iniciado una ronda de encuentros con la Diputación de Castellón y los distintos ayuntamientos con mayor presencia cerámica con el objetivo de «buscar espacios comunes de colaboración que conduzcan a una mejora de la industria y de la actividad de cada municipio», aseguró Ascer en un comunicado. Así, ha planteado una rebaja de los coeficientes fiscales para la industria. Fruto de estos acercamientos se han constituido diferentes mesas de trabajo «donde se están explorando distintas soluciones».
En lo que se refiere a la fiscalidad, en el caso de la Diputación, Ascer ha propuesto que se rebaje el coeficiente provincial que se aplica al IAE, ya que considera que hay margen suficiente. En la actualidad el recargo provincial en Castellón es de un 31,5%, siendo el más alto de la Comunitat. «En Valencia el porcentaje que se aplica es del 29%, en Alicante del 10% y la media nacional es del 28%», añade. El objetivo de esta reducción es que el tejido empresarial pueda ver reducida la presión fiscal y tributaria «en un momento tan crítico para la economía».
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