I. HERRERO / E. RODRÍGUEZ
Viernes, 1 de marzo 2019, 00:44
valencia. El planteamiento del Gobierno de derogar claves de la reforma laboral a golpe de decreto antes de las próximas elecciones no ha sentado precisamente bien entre el empresariado valenciano. La cúpula de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV) cargó ayer ante esta tentativa que, según apuntó recientemente en Valencia el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), Unai Sordo, «tiene serias opciones de salir adelante».
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Al término de su reunión de ayer, el comité ejecutivo de la patronal mostró su preocupación ante la posibilidad de que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, modifique vía real decreto ley la legislación laboral. Los empresarios criticaron que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «fía su capacidad de sacar adelante iniciativas» a una herramienta que «la Constitución reserva a circunstancias excepcionales y urgentes».
Desde la CEV recordaron que esa figura implica que sea el poder ejecutivo quien redacte una ley sin tener que pasar por el Parlamento, el legislativo. En opinión de su comité ejecutivo, «la utilización de este tipo normativo limita la calidad democrática, porque, aunque admitido y regulado por la Constitución, no siempre está justificado y en demasiadas ocasiones es utilizado por los distintos Gobiernos sólo como instrumento para eludir el debate parlamentario», aseveran.
Los decretos ley que tiene previsto aprobar el Gobierno en el Consejo de Ministros van directos a la línea de flotación de la gestión empresarial en materia de igualdad y a distintos puntos de la reforma laboral. Algunas de estas cuestiones son el registro y control de jornada, la subcontratación, la prioridad aplicativa del convenio de empresa y la ultractividad, entre otros. Se trata de temas que han sido tratados en los últimos meses en la Mesa de Diálogo Social Tripartita -compuesta por el ministerio, sindicatos y patronal- y que están en paralelo en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados como proyectos de ley.
Por este motivo, la cúpula de la patronal autonómica volvió a incidir, a través de un comunicado, en la «necesidad del diálogo» como cauce para alcanzar acuerdos en materia socio laboral. «Para sentar las bases de un crecimiento más duradero y sostenible, la concertación y el diálogo tripartito deben volver a ganar protagonismo», sentenció.
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La CEV se alinea así con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que cargó contra la pretensión del Gobierno en una entrevista publicada a LAS PROVINCIAS esta semana. En su opinión, el anuncio del Ejecutivo responde a intereses partidistas y lo sitúa dentro del «marketing electoral». Además, advirtió de que las consecuencias serán negativas.
«Creo que es más exacto hablar de contrarreforma. No parece lógico legislar por decreto ley cosas sobre las que se estaba hablando, discutiendo e incluso yo diría que con muchas posibilidades de alcanzar acuerdos en la mesa de diálogo social. El decreto ley es una fórmula extraordinaria para abordar cuestiones urgentes. ¿Era urgente modificarlo? Y, si lo era, ¿por qué no lo han hecho antes?», planteó Garamendi.
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Por contra, las organizaciones sindicales instan al Gobierno a llevar adelante la modificación. El máximo dirigente de CC OO reivindicó en Valencia que desde diciembre hay varios textos cerrados en materia laboral y defendió el uso del decreto ley en la recta final de la legislatura. «He oído mensajes de escándalo de cómo llevar un decreto en este tiempo de descuento. Le recuerdo a Garamendi que hace seis años, todas las reformas laborales de ese momento se tomaron vía decreto. Así que no nos pongamos estupendos», sentenció Unai Sordo.
En otro orden de cosas, el comité ejecutivo de la CEV aprobó ayer, en su reunión mensual, dos nuevas incorporaciones a la organización empresarial valenciana: la mutua colaboradora con la Seguridad Social Ibermutua y el Círculo de Economía de la provincia de Alicante.
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