![El peaje en las carreteras valencianas afectará a 300.000 vehículos diarios](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202105/06/media/cortadas/Imagen%201436642007-RgGx87FAWgUq6oxWQgBNtFN-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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i. domingo/j. sanchis
Valencia
Viernes, 7 de mayo 2021, 00:09
Hace un año, a comienzos de 2020, el Ministerio de Transportes presentaba como uno de sus grandes logros que la autopista AP-7, en su recorrido por la Comunitat, quedaba libre de peajes, camino que seguirá el tramo hasta la Junquera y la AP-2 ... entre Zaragoza y Barcelona el próximo 31 de agosto. Sin embargo, año y medio después, el Gobierno se plantea imponer el pago por el uso en las vías de alta capacidad (autovías) como fórmula para lograr más ingresos para la conservación de las carreteras. Así se ha incluido en el Plan de Reformas remitido a Bruselas, que ahora el Ejecutivo, tras el revuelo social generado, trata de suavizar remarcando que no se aplicará de forma inmediata dada la crisis económica.
La medida podría afectar al menos a los 300.000 vehículos que cada jornada pasan por carreteras valencianas tan importantes como el by-pass (A-7), la Pista de Silla (V-31), la A-3, la V-30 o la V-21, que están catalogadas como autovías.
Sin embargo, el plan del Ejecutivo de Sánchez es todavía impreciso pues no ha trascendido qué modelo se implantará, cómo se realizará esa recaudación o la tarifa, aunque sería inferior a los entre 3 y 5 céntimos por kilómetro planteados por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex). La propuesta que se baraja sería de 1 céntimo de euro por kilómetro como recargo por circular.
No obstante, fuentes del Ministerio de Transportes, que sería el encargado de desarrollar la medida, remarcan que la propuesta no está definida y que no se aplicaría de forma inmediata dado el actual contexto de crisis derivada de la pandemia de Covid. Es más, el departamento de José Luis Ábalos insiste en apuntar a que la medida tendrá que ser consensuada con las fuerzas políticas y con los actores sociales, entre ellos los transportistas.
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Tomando como referencia lo trasladado a Bruselas, las principales vías de alta capacidad de la provincia de Valencia serían claras candidatas para la aplicación del pago por su uso. Así, una de las vías más concurridas es la entrada de Valencia por el sur, la V-31. Esta arteria soporta un intenso tráfico de agitación diario por los residentes de municipios del área metropolitana que se trasladan a sus lugares de trabajo en la capital o en polígonos cercanos.
Según los datos del Ministerio de Transportes, referidos a enero del año pasado (los últimos publicados hasta la fecha), la intensidad media diaria supera los 111.000 vehículos, de los que más de 7.500 son camiones. Es precisamente este tipo de vehículos el que más polémica puede originar. No hay nada decidido todavía y el Ejecutivo trabaja con la idea de que los transportistas no soporten el coste y éste recaiga sobre las cargadoras.
Otra de las vías de la provincia con mayor densidad de trafico y que puede incluir un peaje a partir de 2024 –fecha que el Ejecutivo central baraja como aplicación de la tasa– es la entrada a Valencia por el norte, la V-21, que diariamente utilizan, también según datos del ministerio, más de 67.000 vehículos diarios, de los que unos 1.400 son camiones.
Una de las arterias más utilizadas por los camiones también se encontraría en el punto de mira de Transportes. Se trata del by-pass que rodea el área metropolitana. Este tramo de la A-7 soportó el paso en enero de 2020 de más de 50.000 vehículos diarios. Y en este caso, el peso proporcional de los camiones es mucho más importante tanto en una como en otra dirección.
Se trata de un punto clave en la red de distribución de mercancías por carretera de toda España. Muchos de los que entran o salen del puerto de Valencia utilizan esta carretera para sus desplazamientos de forma que este tipo de vehículos suponen un tercio del tráfico diario contabilizado en este tramo.
La A-3 es la principal conexión terrestre de la Comunitat con Madrid y el centro de España. Soporta, según las cifras anteriores a la pandemia, una intensidad media diaria de cerca de 20.000 vehículos de los que el 25% son pesados.
El ministerio está completando también la conversión de la antigua N-332 en una vía rápida con dos carriles por sentido. Esta arteria era muy utilizada como alternativa a la AP-7 por el tráfico turístico que atraviesa la Comunitat. Es otra de las candidatas a soportar un peaje que afectaría a unos 25.000 vehículos diariamente. En este caso, el peso proporcional de los camiones es más bajo ya que apenas supone un 10% del total.
Desde el Gobierno, fue la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien ayer defendió la generalización de los peajes (en España hasta ahora sólo un 18% de las autovías son de pago por uso), indicando que ese modelo «es el que se sigue en el resto de países del entorno y es el más justo desde el punto de vista de la distribución en el territorio».
Enfrente, el rechazo de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET). «El transporte de mercancías por carretera ya contribuye suficientemente vía impuestos a atender las necesidades de mantenimiento e inversión en infraestructuras viarias. Solo a través de la imposición específica sobre el combustible, los transportistas aportan más de 15.000 millones todos los años a las arcas públicas», afirmó su presidente, Carlos Prades.
Mientras, la Asociación Española de la Carretera (AEC) aplaudió la intención de introducir peajes como respuesta al déficit que acumula la conservación de carreteras y al impacto que la circulación tiene en el medio ambiente. Asimismo, recordó un modelo que propone desde hace años y que consiste en un 'bono de movilidad', que se basa en una circulación libre y gratuita de todos los vehículos hasta un máximo de 10.000 kilómetros para turismos y 50.000 kilómetros para pesados. A partir de ahí, el peaje ascendería a 3-10 céntimos, respectivamente.
Con matices, pero el planteamiento del Gobierno de incluir peajes en las vías de alta capacidad ha levantado la oposición y las reticencias de los usuarios y los consumidores.
El presidente de Avacu, Fernando Móner, dejó clara su postura y destacó la contradicción de que hace un año se liberalizara la AP-7. «Es una medida que aumenta la presión fiscal y que perjudicará a las economías más vulnerables», afirmó. Para Móner se trata de «una mala noticia para los consumidores y es inadmisible que una vez más se haga recaer el peso sobre los ciudadanos de a pie».
Desde la Unión de Consumidores Vicente Inglada coincidió en que el coste recaerá en las clases medias, aunque indicó que «hay que compaginar el coste medioambiental y el económico». También sostuvo que el ciudadano pagará dos veces. Una al usar el coche y una segunda al comprar los productos que subirán de precio una vez que los fabricantes repercutan el coste de los peajes en sus cuentas.
Inglada explicó que se entiende que se tome la medida en clave medioambiental pero también invitó a la administración a arbitrar procedimientos para que el coste no siempre recaiga sobre los ciudadanos y las clases medias. Por otro lado, Inglada también llamó la atención sobre el hecho de que hace un año se liberalizara la AP-7 y ahora se quisiera introducir nuevos peajes.
Desde la OCU también señalaron que el ciudadano pagará varias veces el coste de las carreteras y se mostraron partidarios de diseñar «una financiación adecuada para el mantenimiento de todas las vías de circulación, pero sin un claro afán recaudatorio».
Desde la entidad explicaron que «de llevarse a cabo esta medida supondría un triple coste para los ciudadanos, por el peaje, por los numerosos impuestos que pagan por circular con sus vehículos (circulación, hidrocarburos…) y por el encarecimiento del transporte en los diferentes productos y servicios».
El presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos, Mario Arnaldo, también manifestó su oposición a la propuesta del Gobierno. Arnaldo argumentó que «los ciudadanos ya estamos pagando con nuestros impuestos el mantenimiento de las carreteras». En este sentido, indicó que «ya contribuimos con 25.000 millones en impuestos como el de circulación o carburantes, entre otros». Recordó que se calcula que un adecuado mantenimiento de la red supondría un gasto de 1.800 millones y en la actualidad a veces no se invierte ni la mitad de esa cantidad.
Por todo ello, calificó el sistema de «insolidario» y recordó que el único país que lo ha puesto en marcha ha sido Portugal «y se ha demostrado que cae la recaudación y además tiene afecciones económicas negativas sobre el turismo y el gasto».
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