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EUROPA PRESS
MADRID
Sábado, 31 de diciembre 2022, 00:42
El Gobierno ha aprobado limitar al 4% el alza de los peajes en once autopistas de pago en 2023 para mitigar el aumento de las tarifas del 8,4% por la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el efecto de las revisiones extraordinarias en tres de ellas, según ha informado el Ministerio de Transportes.
El Ministerio subvencionará entre 2023 y 2026 parte de los ingresos que las concesionarias dejaran de percibir el año que viene por la contención del incremento de los peajes.
En concreto, se habilita una línea de 23,3 millones de euros para financiar la reducción del incremento de las tarifas en 2023 y se establece la obligación de que la Administración General del Estado dote las partidas necesarias para mitigar parcialmente la subida entre 2024 y 2026 para que esta sea escalonada. «Hay que tener en cuenta que la subida de tarifas es acumulativa, de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abona en 2023, ejercicio en el que estaba previsto que subieran en torno al 8,38% por la inflación, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones por los ciudadanos«, explica Transportes.
Así, el Real Decreto-ley para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobado hoy en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, articula un mecanismo para contener al 4% el aumento de las tarifas de 2023, que soportan los usuarios en las autopistas AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46.
Desde el 31 de agosto de 2021 dejaron de ser de pago la AP-7 entre Tarragona y La Junquera , en la frontera de España y Francia, y la AP-2, conocida como 'Zaragoza-Mediterráneo' , que conecta Aragón con Cataluña. También pasaron a ser gratuitas la C-32 en el Maresme y la C-33 que une Barcelona con el Circuito de Montmeló.
Desde el 1 de enero de 2020 ya se habían liberalizado la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y la AP-7 a su paso por la Comunitat Valenciana desde Tarragona a Alicante.
El 1 de diciembre de 2018 fue liberalizada también la AP-1, que une Burgos con Vitoria, y que se convirtió en la primera autopista de España en la que se dejó de pagar peaje.
El objetivo, según el departamento que encabeza Raquel Sánchez, es «ayudar a la ciudadanía a afrontar el escenario actual de altos precios de la energía, derivado de la persistencia del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, que afecta muy especialmente a la movilidad y a la renta disponible de los hogares».
En este punto, y en línea con el objetivo del Gobierno de frenar la espiral inflacionista y respaldar a los hogares, se ha decidido congelar los peajes de las autopistas que gestiona SEITT, que por problemas financieros revirtieron al Estado.
En el caso de la AP-7 Alicante-Cartagena, además de la revisión ordinaria por el IPC, se debe aplicar un incremento extraordinario en las tarifas del 1% para devolver un préstamo participativo que le hizo el Estado para pagar las expropiaciones, por lo que, sin medidas, subirían el 9,46%. Aún así, se ha aprobado que la subida del año que viene sea también del 4%, por lo que el incremento ordinario se limita al 3%, aumentado la compensación asociada, a la que se suma el 1% de la extraordinaria.
La AP-46 Alto de Las Pedrizas-Málaga y la AP-9 Autopista del Atlántico también deben aplicar una revisión extraordinaria de la tarifa para generar fondos con los que compensar las obras realizadas para mejorar las infraestructuras y que implicaron modificar las condiciones de las concesiones.
Así, aunque las subidas de los peajes en 2023 en estas vías alcanzan el 9,46%, el Gobierno también ha decidido limitar al 4% el alza y aumentar la subvención para compensar los ingresados que dejan de percibir por parte de los usuarios.
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