Miles de abogados tomarán Madrid este fin de semana para salvar sus pensiones de jubilación «de 400 euros»

Miles de abogados, procuradores y mutualistas de toda España, entre ellos muchos de la Comunitat Valenciana, se concentrarán este sábado 22 de febrero en Madrid para reclamar una solución que les permita salvar sus pensiones de jubilación. El problema viene de lejos, pero su resolución parece más cercana de nunca, ya que los partidos políticos debatirán próximanente una proposición de ley para modificar el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dirigida a regular las mutualidades alternativas que, sin embargo, no contenta a una gran mayoría, lo que ha provocado esta movilización que se prevé masiva.

Lo que reivindican es que que se establezca una pasarela para que los profesionales que están en el sistema de la Mutualidad de la Abogacía, diseñado como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, puedan pasar al RETA y salvar unas pensiones que, en muchos casos, no superarían los 400 euros tras muchos años de ejercicio de la profesión.

La situación es el resultado de décadas de decisiones que han dejado a miles de profesionales atrapados en un sistema de previsión social ineficaz. La Mutualidad de la Abogacía, creada en 1944 en plena posguerra por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), nació con la intención de garantizar apoyo y seguridad social a los abogados en tiempos de extrema precariedad. En un contexto de gran inestabilidad económica, los colegios profesionales crearon mutualidades para asegurar pensiones, cubrir incapacidades y ofrecer coberturas básicas a sus colegiados.

Este sistema funcionó con relativa normalidad hasta finales del siglo XX, era exclusivo y se proponía como más ventajoso que el RETA porque permitía pagar de forma progresiva al inicio de la carrera profesional. Sin embargo, en 1995 se produjo una liberalización que permitía a los abogados elegir entre el RETA o la mutualidad. Y muchos se quedaron en el sistema alternativo atraídos por las promesas de mejores coberturas y pensiones más generosas que las ofrecidas por la Seguridad Social y, también, porque implicaba en muchos casos perder el dinero que ya habían cotizado a la mutualidad.

En 2005 un cambio normativo transformó el sistema de capitalización colectiva —en el que todos los mutualistas aportaban a una 'hucha' común— a un sistema de capitalización individual, lo que afectó gravemente a los abogados que llevaban cotizando desde los años 80, quienes vieron reducidos sus fondos de previsión sin previo.

Y el golpe definitivo llegó en 2018, cuando la mutualidad comenzó a emitir informes trimestrales que revelaban cómo las pensiones previstas, que en muchos casos se estimaban en 1.200 euros, disminuían de forma descorazonadora, dejando las pensiones de estos mutualistas alternativos en cifras que rondaban los 400 euros.

Ahora, decenas de miles de abogados mutualistas luchan por transferir sus fondos de pensiones desde la Mutualidad de la Abogacía al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), lo que les permitiría garantizar una jubilación más segura, pero la forma de cómo hacerlo, el llamado método de conversión, se ha convertido en un gran caballo de batalla. Desde el '1x1' (que un año cotizado en la mutualidad sea equivalente a un año cotizado en la Seguridad Social) a la 'compra' de años cotizados, las propuestas se multiplican.

Y la que van a debatir los políticos, según el Movimiento #J2, solo beneficia a un pequeño grupo de mutualistas que cumplan ciertos requisitos, como haber estado activos en sus mutualidades en 2022 y no haber cotizado lo suficiente para acceder a una pensión mínima.

En marzo de 2024 el Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley, del Grupo Popular, por 178 votos a favor, 20 en contra y 134 abstenciones, relativa a mejorar las condiciones de jubilación de los abogados y procuradores, en la que instab al Gobierno a elaborar medidas que defiendan los intereses de este colectivo.

La propuesta presentada por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social incluye que, a partir de 2027, la afiliación al RETA será obligatoria para los abogados, sustituyendo el actual sistema de mutualidades como opción alternativa y evitando que nuevos mutualistas se encuentren con el problema de sus antecesores. Y otro punto es que la pasarela se aplique también a aquellos mutualistas alternativos que, una vez aplicado el sistema de equivalencia de cuotas, no alcancen los 15 años de cotización mínima exigidos para tener derecho a una prestación en el sistema público. De esta manera, abogados que no lleguen a esos 15 años de cotización equivalente podrán beneficiarse de la pasarela, siempre que su alta en la mutualidad sea previa a 2005.

«El momento es crucial para la solución que debe darse desde el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno a los mutualistas alternativos, también a los pasivos, a esas pensiones que merecemos dignas», apunta el ICAV (Ilustre Colegio de Abogados de Valencia) en un comunicado remitido a sus abogados, en el que les expresa su apoyo y les informa de que en la concentración masiva estará presente la Junta de Gobierno, el Decano del Colegio y los mutualistas valencianos.

El Consejo General de la Abogacía ha manifestado su total apoyo a la urgente necesidad de esa «pasarela» objeto, entre otras medidas, de reivindicación y, ahora, de esa nueva manifestación en Madrid este próximo sábado. El Pleno del Consejo General de la Abogacía ha reclamado a los legisladores ofrecer «una solución constitucional urgente y completa» al problema de las mutualidades.

Los miembros del Consejo contemplan con «cierta preocupación» el ritmo «pausado» con el que, a su juicio, la política en general y los legisladores en particular están abordando la cuestión de las pensiones que corresponden a los mutualistas, ya que, según ha asegurado AE, cada mes cientos de abogados se ven obligados a posponer su jubilación ante las incertidumbres de una respuesta que se anuncia, pero cuya consecución sigue sin tener una fecha clara.

«Si bien es cierto que va calando en los partidos políticos el mensaje de que la reclamación de los mutualistas pertenece al ámbito de los derechos constitucionales, el diálogo entre los grupos parlamentarios, los afectados y el mundo colegial se ha circunscrito, en 2025, a las iniciativas promovidas desde el Consejo General», ha destacado la Abogacía Española.

Según expone en un comunicado, desde el pasado verano, la Abogacía ha impulsado el diálogo entre las diferentes asociaciones y movimientos de afectados, ha reclamado ante la administración una mirada ceñida al ámbito del derecho constitucional, ha llevado la reclamación al Parlamento Europeo y al seno de las abogacías del continente.

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