Cambios y nuevas penalizaciones en las jubilaciones anticipadas

Las condiciones de jubilarse de forma anticipada en España han empeorado de forma sensible para el trabajador con los últimos cambios impulsados por el Gobierno. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya avisó a finales de febrero de que una de sus prioridades era la reforma de las pensiones para aquellos que se jubilen dos años antes de lo estipulado.

«Vamos a rehacer este sistema y lo vamos a hacer para que genuinamente refleje más esta idea de que si alguien se quiere jubilar dos años antes, pues realmente lo que tenga es una penalización permanente en su pensión del 16%, que es lo que la norma original tenía en la cabeza y que nos parece suficiente», ha dicho el ministro.

En reiteradas ocasiones, Escrivá dejó claro que España tiene un sistema de jubilaciones anticipadas voluntarias «mal diseñado», ya que los trabajadores con rentas altas, que son los que más se jubilan de manera temprana, apenas sufren una penalización del 2% por cada año que adelantan su retiro, mientras que los que tienen salarios y bases reguladoras más bajas se ven penalizados con un 8% anual, que es lo que fija la norma.

El ministro considera que «claramente» se tiene que desincentivar que la gente se pueda jubilar hasta dos años antes. Escrivá apuntó además que se tiene que ver si se pueden generar mejores incentivos que los actuales para que los trabajadores puedan extender su edad de jubilación cuando así lo deseen.

Cabe recordar que desde 2013 se pueden jubilar de manera anticipada quienes tengan acreditado un período mínimo de cotización de 35 años y, como mucho, tengan dos años menos de la edad exigida en ese momento. Sólo quedan exentos de este requisito los profesionales que realicen labores consideradas «penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres» y quienes tengan una discapacidad «igual o superior al 45% o al 65%».

Con este panorama, la previsión es que los futuros pensionistas deberían incrementar el ahorro para su jubilación teniendo en cuenta, al menos, el IPC de cada año, según se desprende de un informe realizado por la Fundación Seres y March R.S.

Así, instan a que se fomente el ahorro temprano y no una vez se acerque la edad de jubilación. También abogan por planificar los ingresos y gastos y asegurar que realmente se destina una parte de estos a la jubilación. El informe señala que el «amplio abanico» de posibilidades que existen en lo que se refiere a productos financieros, hace «aún más compleja la elección de soluciones concretas».

Por otro lado, consideran que las empresas pueden tener «un papel clave» a la hora de ayudar a sus empleados a realizar una planificación «adaptada y sostenible», desarrollando una educación financiera básica que les ayude a tomar decisiones acertadas de manera individual y personalizada.

Además, creen que la formación de los empleados también debería enfocarse en enseñar a estimar de manera directa las pensiones públicas, así como proveer de aquellas pautas para adquirir una rutina de ahorro.

En esta línea, proponen que las empresas sean «facilitadoras del ahorro» de sus empleados a través de procesos de adhesión automática de sus empleados a un sistema de ahorro o bien estableciendo otros métodos en los que tanto la empresa como los empleados realicen aportaciones. El informe pone de relieve que las pymes tienen un protagonismo «muy elevado» en el sistema productivo español y que sus sistemas de ahorro son «prácticamente inexistentes».

Las prestaciones por supuestos especiales de liquidez pagadas por los fondos de pensiones ascendió a 346,1 millones de euros en 2020, un 12% más que en 2019, de los que 97,1 millones de euros fueron pagados a los ahorradores por el nuevo supuesto de liquidez por Covid-19.

Según los datos publicado por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Planes de pensiones (Inverco), un total de 55.936 personas pudieron acceder a su ahorro gracias a este supuesto de liquidez especial para hacer frente a la crisis del coronavirus.

De esta forma, la ventana de liquidez por Covid-19 fue el supuesto especial al que más partícipes se acogieron, seguido de enfermedad grave, con 29.000 personas, que rescataron 23 millones de euros.