Reforma de las pensiones 2020: los 10 puntos más importantes de la comisión parlamentaria

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo entra esta semana en su recta final para cerrar un consenso sobre las recomendaciones que trasladará al Gobierno para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones, un documento que será muy parecido al que no pudo aprobarse en febrero de 2019.

Los portavoces de los partidos políticos del Pacto de Toledo están ultimando las últimas propuestas y varias fuentes parlamentarias señalan a EFE que «el trabajo está muy avanzado» y hay «un colchón de consenso».

El Pacto de Toledo ya tiene listas sus conclusiones para la reforma de las pensiones

Y es que los portavoces valoran el talante negociador de la exministra de Trabajo y Seguridad Social Magdalena Valerio, que como presidenta de la comisión ha conseguido acercar posiciones para aprobar un paquete de recomendaciones que complazca a derecha e izquierda y entre las que destaca la recomendación segunda que garantiza la revalorización de las pensiones según el IPC real.

Esta propuesta, pactada en la anterior Legislatura por todos los partidos menos ERC, fue el principal caballo de batalla durante más de dos años, aunque para cuando se firme habrán pasado ya cuatro años desde que en 2016 se iniciaran los trabajos del Pacto de Toledo. El PSOE ha buscado la unanimidad de cara a una votación que previsiblemente tendrá lugar en los próximos días.

Las recomendaciones mantienen el espíritu y casi la misma letra de 2019, aunque algunas se han adaptado a la actual situación que ha provocado la pandemia, y otras han cambiado para, por ejemplo, poder elegir los 25 mejores años cotizados para hacer el cálculo de la pensión, con el fin de que el trabajador pueda salvar periodos laborales con salarios más bajos o momentos profesionales peores.

La recomendación cero garantizará el compromiso de mantener, mejorar y adaptar el sistema público de Seguridad Social y de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional.

En esta recomendación se asegura que debe haber prestaciones suficientes, equidad en el reparto de las cargas y responsabilidad en la gestión del sistema, al tiempo que se valora que su financiación pueda ampliarse con recursos procedentes de la imposición general.

Todos los partidos están de acuerdo en avanzar en la separación de fuentes de financiación para que el Estado asuma los gastos impropios del sistema, como bonificaciones y prestaciones de ayudas a la familia, por hijo a cargo o dependientes, o como maternidad o paternidad.

El Pacto de Toledo también se propone limitar las jubilaciones anticipadas para acercar la edad real a la edad legal, como ha instado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ve conveniente incentivar el retraso voluntario de la jubilación y reforzar las fórmulas para compatibilizar la pensión con el trabajo.

Por otra parte, las recomendaciones mantienen que hay que revisar los efectos de la reforma de 2011 que supuso ampliar la edad legal de jubilación de forma progresiva de los 65 años hasta los 67 en 2027. La reforma de 2011 es un punto de desencuentro con Unidas Podemos que siempre ha defendido volver a la jubilación a los 65 años, por lo que la formación morada podría presentar en este ámbito algún voto particular.

Las recomendaciones también preservarán el Fondo de Reserva, las condiciones de las jubilaciones actuales de los empleados públicos a los 60 años y señalarán la conveniencia de que el régimen de autónomos se vaya acercando al régimen general para que los trabajadores por cuenta propia coticen por sus ingresos reales y tengan una pensión mayor y mejores coberturas.

Revisar el sistema para que las lagunas de cotización no perjudiquen el cálculo de la pensión y avanzar en mejoras de las prestaciones a mujeres y jóvenes, son otras de las propuestas que también incluyen fomentar los planes de empresa de pensiones vinculados a organismos sin ánimo de lucro sin descartar incentivos fiscales.

También, asegurar rentas mínimas suficientes para aquellas situaciones en las que la pensión, sea o no contributiva, no pueda garantizar un nivel de subsistencia digno o establecer un indicador de qué es una pensión suficiente.

El Pacto de Toledo también quiere resolver la situación de los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social y revisar de forma periódica el cumplimiento de sus propuestas.