La inflación golpea a los pensionistas

Que la inflación tiene con la soga al cuello a gran parte de la población no es ninguna novedad. Ningún bolsillo es ajeno al encarecimiento de la vida y las medidas que el Gobierno y el Consell anuncian para paliar esta situación están en el centro del debate político. Indexar los salarios al IPC cuenta tanto con defensores como detractores y la revalorización de las pensiones sigue generando tensiones pese a que así se aprobó con la reforma de 21/2021, en base a las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Precisamente, este sábado 1 de octubre fue el Día Internacional de las Personas Mayores, una cita que motivó, este viernes, a sindicatos y pensionistas a concentrarse frente a la Delegación del Gobierno en Valencia para exigir un incremento de los ingresos por encima del umbral de la pobreza, entre otras cuestiones, como la mejora de los servicios y de la atención pública.

Y es que, la pensión media en la Comunitat Valenciana se sitúa en 1.006 euros en septiembre, según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social publicados esta semana. Esto supone un aumento del 5,34% en un año, cuando el ingreso mensual medio estaba en 955 euros.

Aunque se trata de una cifra por encima del umbral de la pobreza –el INE lo sitúa en 9.535 euros al año–, lo cierto es que no deja de ser una media estadística que, al fin y al cabo, no muestra la realidad de todos los que se encuentran por debajo de este número. Un número que ya supone un ingreso deficiente frente a numerosos costes de la vida.

Y es que, el IPC anual en la Comunitat Valenciana subió un 10,9% en agosto, mientras que el avance nacional del mes de septiembre se sitúa en un incremento del 9%. En concreto, los alimentos se elevaron un 14,5% respecto a hace un año, mientras que la vivienda lo hizo un 27% y el transporte un 12%.

Tal y como pactó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con los interlocutores sociales, las pensiones tienen que revisarse con el IPC medio, fórmula que debe garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo. Sin embargo, la alta inflación podría superar el 9% de media anual y tendría un coste para el Estado de 14.000 millones de euros adicionales al año. Todo ello, con el debate de fondo del plan de sostenibilidad de las pensiones que Escrivá tiene que presentar a Bruselas antes de que finalice el año.

Así, el responsable de esta cartera se encuentra contra la espada y la pared. Por un lado, Bruselas le exige un plan de sostenibilidad que garantice el pago de las pensiones que ahora, además, se incrementa al revalorizarse con un IPC galopante por la inflación. Mientras, por otro lado, millones de jubilados claman por una subida que les permita sufragar una vida cada vez más prohibitiva.

En la Comunitat, el número de pensiones es de 1,02 millones, lo que supone un aumento del 6,62% con respecto al mismo mes de 2017. Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto, acumulando 730,44 millones de euros, por encima de las pensiones de viudedad ( 177,34 millones de euros), incapacidad permanente (94,16), orfandad (15,5) y las de favor familiar (0,17).

Según Ana Belén Montero, secretaria de Políticas Públicas y Potección Social de CC OO PV, la revalorización está «garantizada» tras la aprobación de la reforma, similar a la que consiguió poner en marcha el acuerdo de pensiones del año 1996 –con la reforma de 2013 la subida se limitó a un 0,25–. Pese a que así está aprobado por ley, la inflación disparada no deja de sembrar dudas sobre la revalorización y la sostenibilidad de la hucha. «Sin duda las presiones para que no se revaloricen con el IPC son intensas, porque la inflación cada vez es mayor», asegura Montero.

En ese sentido, la secretaria de Política Social del sindicato pide «ignorar voces» de aquellos que «ponen constantemente» el acento en los gastos del sistema, «sin tener en cuenta que un alto porcentaje de las pensiones no alcanzan ni la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional, lo cual condenaría a dicha población a la pobreza y la exclusión social».

En esa misma línea se pronuncia el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, quien afirma que «hay 27.000 intereses» en esta cuestión. «Estamos hablando de un pilar del Estado del Bienestar; son 150.000 millones de euros. Ahora se cumplirá la ley contra lo que dice el banco de España», señala el dirigente sindical.

Y es que, desde la entidad financiera y la patronal CEOE se desmarcaron del mecanismo de equidad (MEI) aprobado por el Gobierno con los sindicatos al considerar que no garantiza la sostenibilidad del sistema. Entre otras medidas, el gobernador del Banco de España defiende que las pensiones más altas no se incrementen según los precios.

Por su parte, el economista Enrique Devesa explica que las pensiones actuales no perderán poder adquisitivo pero destaca el esfuerzo que supondrá para las arcas públicas. En ese sentido, la segunda fase de la reforma abordará dos medidas: incrementar la pensión máxima para que las rentas más elevadas contribuyan más a la Seguridad Social y reajustar el periodo de cálculo para determinar la base reguladora. Sin embargo, este segundo punto está en el aire, ya que el propio ministro se ha negado a ampliar a el periodo a 35 años tal y como sugiere desde el Banco de España. Mientras tanto, el reloj marca la cuenta atrás a Escrivá, que debe maniobrar para convencer con su plan a la Comisión Europea para recibir los fondos.

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