La jubilación activa no despega: menos de 70.000 personas compatibilizan empleo y pensión

Esta reducción se debe a que desde enero de 2022 para acceder a la demorada tiene que transcurrir un año desde la edad ordinaria de jubilación, por lo que en ese ejercicio no se producen prácticamente nuevas altas, tal y como reconoce el Ministerio.

Es por esto que Fedea carga contra la actual legislación española, por no favorecer la permanencia de las personas mayores en el mercado de trabajo y no incentivar fórmulas de transición gradual entre la etapa de trabajo retribuido y la de pensionistas, y pide «darle la vuelta como un calcetín» creando un nuevo contrato laboral que sea plenamente compatible con la pensión. Así, propone reformar la legislación para que exista una sola modalidad de jubilación desde la primera edad posible de jubilación anticipada (entre los 61 ó 63 años), en la que se permitiera hacer la pensión «plenamente compatible» con cualquier trabajo o renta con el objetivo de «no desaprovechar» el talento sénior.

«España tiene una legislación pensando en que los trabajadores mayores molestan, que se vayan del mercado laboral y así dejen el espacio a una persona joven. Es la única forma de entender cómo tenemos esta legislación», denunció este lunes el investigador de Fedea Ignacio Conde Ruiz durante la presentación del informe y calificó de «falacia» pensar que las horas de una economía son fijas y si las trabaja un mayor no las trabaja un joven.

El objetivo de este nuevo contrato laboral que propone esta organización –precisamente cuando el Gobierno está inmerso en una reforma- es que el jubilado activo pueda seguir trabajando, a tiempo completo o parcial, en la misma o distinta empresa, por cuenta ajena o propia, sin que existan topes máximos de retribución y cobrando la pensión completa. A partir de la edad normal de jubilación y, por tanto, sin tener que esperar una año como marca la actual legislación, la pensión sería plenamente compatible con cualquier salario o renta.

Puesto que este contrato se aplicaría a gente que tiene ya la seguridad de su pensión pública, Fedea defiende que debería tener un régimen extintivo especial, sin que se exijan costes indemnizatorios previos para la empresa contratante. En este sentido, considera que se podría establecer un periodo de tiempo mínimo de preaviso al trabajador y a la empresa, para romper libremente la relación contractual en caso de desistimiento de cualquiera de las partes.

De igual manera, también apuestan porque, tanto para la jubilación activa como para la demorada, el trabajador no debería cotizar una vez completada la carrera contributiva (en términos de edad y cotizaciones requeridas); o, como mucho, en el caso de la jubilación activa, que cotice a una tasa reducida (cuota de solidaridad).

Asimismo, proponen que, al objeto de evitar cualquier forma de discriminación, la nueva jubilación activa no debería excluir a ningún trabajador, siempre que cuente con un mínimo de años cotizados y con derecho a alguna forma de jubilación.