Propuesta de jubilación flexible: de los 60 a 75 años y decide el trabajador

Cuál debe ser la edad de jubilación es un debate permanente en las sociedades occidentales, ahora especialmente en España, en pleno proceso de reforma del sistema de pensiones público basada en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

La teoría dominante es que la viabilidad del sistema depende de que se retrase la edad de jubilación real, de forma que se acerque a la legal, que en 2020 es de 65 años y diez meses, aunque aumentará de forma progresiva hasta los 67 años. Nada de jubilaciones anticipadas, aún más, la apuesta es por las llamadas jubilaciones demoradas.

Esta es la idea que sostiene desde hace meses el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, impulsor de una reforma que llevaba encallada desde hace años. A la propuesta se han unido numerosos actores, incluido el Banco de España. Hasta el magnate mexicano Carlos Slim ha dado su receta para España: jubilación a los 75 años y jornada laboral de once horas tres días a la semana. Y aunque el deseo de los españoles suele ser jubilarse lo antes posible, no son habituales propuestas que defiendan adelantar la edad de retiro.

Una nueva propuesta ha sido presentada por los expertos de la Fundación Friedrich Naumann, la Fundación Civismo y el Instituto Juan de Mariana. Estos organismos han elaborado un informe en el que reclaman una serie de medidas para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, entre ellas el establecimiento de una edad de jubilación flexible, de 60 a 75 años, donde la decisión de la edad de retiro recaiga sobre el trabajador.

El innovador informe, elaborado por los investigadores Francisco Coll, Domingo Soriano y José Francisco López, contempla otras nueve medidas para hacer sostenible el sistema de pensiones, para que el piden una reforma «urgente y de calado».

Además del establecimiento de una edad de jubilación flexible, estos tres 'think tank' abogan por abrir el debate sobre la fórmula para la revalorización de las pensiones, planteando alternativas más allá del IPC; unificar regímenes para que todos los trabajadores y pensionistas estén sujetos a las mismas reglas, y ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, con un factor corrector que permita al nuevo pensionista excluir los cinco o diez peores años de su carrera laboral.

Al mismo tiempo, piden establecer un mínimo de 45 años de cotización para cobrar el 100% de la base reguladora de la pensión; recuperar el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013 (de momento suspendido hasta 2023), y remitir una carta informativa anual a todos los trabajadores de más de 50 años con información sobre su futura pensión.

Plantean además dos reformas encaminadas a incentivar el ahorro, en primer lugar a través de planes de empresa, introduciendo ajustes en las cotizaciones actuales para trasladar hasta 3-4 puntos a una nueva bolsa de ahorro individual. Empleados y empresas aportarían otros 4 puntos extra.

En segundo lugar, apuestan por incentivar el ahorro a través de sociedades de inversión de capital variable (sicav), abriendo una cuenta de ahorro a largo plazo a todos los mayores de edad.

En el informe se pide además reclasificar los gastos e ingresos para una mejor comprensión de las cifras reales relacionadas con las pensiones, reformulando la definición de sueldo bruto para que incluya las cotizaciones del empleador, y mantener la contributividad del sistema no destopando las cotizaciones ni incrementando las bases máximas por encima de la subida de las pensiones.

En todo caso, en el estudio de advierte de que ninguna reforma tendrá éxito si no forma parte de un proceso «más ambicioso» de transformación que abarque los ámbitos fiscal, laboral, de liberalización y unidad de mercado, y el sistema educativo.

«No se puede resolver el problema a partir de solo un elemento de la ecuación, ya que no sería ni justo para los afectados ni eficiente desde el punto de vista de los incentivos y la recaudación», apuntan los autores.