El nuevo sistema de pensiones que negocia el Gobierno con los sindicatos: veto a la jubilación forzosa, cambios en la anticipada y subidas asumidas en tres años

No hay mes en el que no se desvelen o se conozcan nuevos planes del Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir finalmente reformar el sistema de pensiones de forma que afecten directamente al bolsillo del trabajador retirado. Es decir, el objetivo es que las nuevas medidas o reglas que fijen las pensiones de jubilación sean decisivas para el extrabajador. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, ha reiterado en múltiples ocasiones que uno de los objetivos, que parece un lema, es el de «acercar la edad real de jubilación a la legal«. Pero las líneas maestras de la reforma no se quedan ahí, ya que se negocia con los sindicatos una nueva forma para revalorizar las pensiones y que no se fije un crecimiento anual independiente al IPC. Además, también habrán cambios, como mínimo, en la jubilación forzosa, en la jubilación anticipada y en la jubilación parcial.

El Gobierno ha entablado ya reuniones dirigidas a consensuar con los sindicatos el nuevo sistema de pensiones. La propuesta presentada por el equipo del ministro Escrivá significaría una gran revolución en aspectos muy destacados para las pensiones que actualmente están vigentes. El Ejecutivo tiene claro que el método actual no es viable por muchos años más, que hay puntos a modificar para que el sistema no se quede en jaque, y más tras los efectos económicos de la pandemia del coronavirus.

La edad real de jubilación se va a ampliar para acercarla a la legal, que actualmente está entre los 65 y los 66 años, pero que en 2027 ascenderá hasta los 67 años. El Gobierno quiere que los trabajadores se jubilen siendo más mayores y que no caigan en la tentación de otros tipos de jubilación. Es por ello que el plan pasaría por cambiar directamente la jubilación forzosa, la jubilación anticipada y la jubilación parcial. Tres en uno.

El Gobierno vetará la jubilación forzosa pactada en los convenios colectivos de las empresas. También se restringirá la jubilación anticipada voluntaria a la que cada trabajador puede acogerse dos años antes de llegar a la edad legal. Para ello se calcularán los coeficientes reductores por meses de anticipo y no por trimestres, como ahora. El resultado serán pensiones más bajas y menos atractivas para aquellos trabajadores que se jubilen antes. Y por último en la jubilación parcial se impedirá que los trabajadores compriman en un año de trabajo todo el que deberían realizar antes del retiro.

No se escapa de este primer paquete de medidas a aprobar antes del mes de abril la revalorización de las pensiones. El mismo Gobierno que se congratulaba por haber fijado en un 0,9% el incremento anual busca revertir esta fórmula que condiciona el sistema de pensiones en años en los que, como el 2020, el IPC es negativo. El Ejecutivo ha repetido sin descanso que buscan la opción para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, pero es que al caer el IPC un 0,2% y aumentar las pensiones un 0,9% el incremento de poder ha sido mayor del esperado. La nueva fórmula pasará por un cálculo del IPC medio entre diciembre y noviembre. Es decir, con registros ya oficiales y no con previsiones. Si es negativo el resultado final las pensiones no subirán y la diferencia se absorberá en los tres años siguientes en que haya que incrementar las pensiones.