Las nueve propuestas del Gobierno para reformar las pensiones en España

El Gobierno ha enviado a Bruselas nueve propuestas para reformar el sistema de pensiones con el objetivo de asegurar su sostenibilidad financiera a corto, medio y largo plazo, mantener el poder adquisitivo y garantizar la equidad intergeneracional, todo ello apoyándose en las recomendaciones acordadas en el Pacto de Toledo y en las negociaciones abiertas con sindicatos y empresarios.

Según el documento diseñado por el Gobierno, al que ha tenido acceso Europa Press, entre los cambios que el Ejecutivo español ofrece a la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia se encuentra:

Ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. En aras a profundizar en la reforma de pensiones de 2011, donde se elevó el periodo de cálculo de las pensiones de manera progresiva de 15 a 25 años, el Gobierno plantea ahora la posibilidad de una nueva ampliación, aunque sin precisar en cuántos años, quedando así fuera del texto una posible extensión hasta los 35 años, una medida que ha generado gran polémica y rechazo entre las filas de Podemos.

En concreto, lo que propone el Gobierno es ampliar el periodo de cálculo de forma gradual pero permitiendo al mismo tiempo que puedan descartase del cómputo los peores años de cotización. Dicha reforma iría en paralelo a una revisión del procedimiento actual de lagunas de cotización, «que es inadecuado par las carreras más intermitentes, especialmente asociadas a la temporalidad».

El Ejecutivo cree que indexar la base máxima al IPC no recoge adecuadamente el aumento de los salarios más altos, por lo que defiende la necesidad de una adaptación «gradual» de las bases (destopándolas) en paralelo a una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema.

Sustitución del llamado factor de sostenibilidad, actualmente en suspenso, por un «mecanismo de equidad intergeneracional» que tenga en cuenta otros factores además de la evolución de la esperanza de vida.

La reforma de 2013 introdujo el llamado factor de sostenibilidad que, según el Gobierno, carga exclusivamente sobre los pensionistas el coste de una mayor esperanza de vida, sin permitirles además una planificación y un ajuste previo. Por ello, plantea sustituir el factor de sostenibilidad de las pensiones por un nuevo mecanismo que tenga por objetivo la preservación de la equidad intergeneracional. En concreto, propone la introducción de un nuevo mecanismo en el que los parámetros fundamentales del sistema sean objeto de revisión periódica en función de la demografía y del equilibrio entre la población ocupada y la población de pensionistas.

La incorporación de indicadores complementarios a la evolución de la esperanza de vida contribuirá, según el Gobierno, liberar a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas (los 'baby boomers').

Vincular las pensiones al IPC. Una nueva fórmula para revalorizar de forma automática las pensiones «en base al IPC real» que ponga fin al controvertido 0,25%. Falta por saber cuál será el mecanismo elegido, pero cabe destacar que el anterior Gobierno de Pedro Sánchez tenía preparada una ley para referenciarlas con la media de la inflación de los últimos doce meses

Aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante el freno a las jubilaciones anticipadas e incentivos al retraso de la jubilación. El Gobierno trabaja ya en un nuevo sistema que «corregirá los elementos distorsionantes de la regulación de las jubilaciones anticipadas», con el objetivo de evitar la avalancha de personas que adelantan el retiro, más de cuatro de cada diez. El nuevo diseño endurecerá las condiciones, principalmente de aquellos que así lo deciden libremente (uno de cada seis nuevos pensionistas).

Descargar de gastos impropios al sistema para traspasárselos al Estado. Las cuentas del sistema tienen que cuadrar, y para ello la principal medida será destinar las cotizaciones sociales «exclusivamente a financiar prestaciones contributivas» y sacar todos los gastos que no sean propiamente de pensiones, que hasta ahora suponían casi 23.000 millones al año.

Establecer un sistema de cotización para los autónomos en función de sus ingresos reales. El Pacto de Toledo plantea que deberían convivir exclusivamente dos tipos de regímenes, frente a la dispersión actual: el de los trabajadores por cuenta ajena y el de los autónomos. La comisión apuesta por «avanzar hacia la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los autónomos» con los del régimen general. Y aboga por «aproximar» las bases de cotización

Modificar el complemento de maternidad de las pensiones. El ministro José Luis Escrivá ha hablado de la necesidad de este complemento para cerrar la brecha de género en pensiones existente en el sistema, que «no es aceptable» por un diseño «inadecuado» en el pasado.

Revisar e impulsar los sistemas complementarios de pensiones. El Pacto de Toledo ya aboga por fomentar los planes de empresa alternativa de ahorro de cara a la jubilación, «complementaria al sistema». Lo hacen ante el «insuficiente e insatisfactorio» recorrido que han tenido estos planes privados hasta ahora. En cuanto a los planes de pensión individuales insta a que sean «más transparentes» en costes para que no impliquen rendimientos negativos para el partícipe