Escrivá eleva hasta el 7% la nueva cotización para las rentas superiores a 90.000 euros

La nueva norma incluyó en el último momento un recargo mayor del previsto para las rentas más altas tras alcanzar un pacto con el PDeCAT. Así, los trabajadores que ganen ahora más de 90.000 o 100.000 euros pagarán hasta un 7% en 2045 por toda esa parte del salario que está exenta de cotización (por lo que sobrepase los 54.000 euros actuales), lo que supone un punto porcentual más. Por el contrario, el recargo para los que cobren menos de esa cuantía se reduce ligeramente hasta un 6% o un 5,5% en dicho año. Se establecen así tres tramos para que el gravamen sea más progresivo y se implantará desde el año 2025 de forma gradual con una tasa del 0,92% para las retribuciones desde base máxima hasta el 10% adicional de la base máxima, del 1% para los salarios desde el 10% adicional de la base máxima hasta el 50% adicional de la base máxima y del 1,17% para las superiores al 50%.

Esta cuota se sumará al mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que se aplica desde este año para todos los trabajadores y que la nueva norma eleva del actual 0,6% al 1,2% y extiende hasta 2050, casi veinte años más de los aprobados hace menos de un año. Con lo recaudad por esta cotización finalista Escrivá prevé llenar el Fondo de Reserva, la denominada 'hucha de las pensiones', a lo largo de los próximos años con entre 120.000 y 130.000 millones para pagar la oleada de jubilaciones del 'baby boom', frente a los poco más de 2.100 millones que tiene en la actualidad. Estos ahorros se irán desembolsando «de forma prudente» a partir de 2032 y de forma más intensa en la década de los 40, que será la de mayor tensión del sistema, para terminar a principios de los 50, que es cuando el sistema volverá a «reequilibrarse», según estimaciones del ministerio.

Escrivá se mostró exultante durante su comparecencia y exhibió su optimismo en que logrará el apoyo del Congreso durante su tramitación, que recibirá el aval de Bruselas para el cuarto desembolso de fondos y que perdurará «muchísimos años», ya que «aporta muchísima tranquilidad y certidumbre». Sin embargo, Seguridad Social reconoció a las formaciones parlamentarias que es posible que tengan que hacer modificaciones dentro de tres o cuatro años y se puedan incorporar cambios en el IVA o IRPF, según fuentes cercanas a la negociación.

Además del endurecimiento del MEI y la cuota de solidaridad, las principales medidas que incluye la nueva norma son las siguientes:

A partir de 2027 se comenzará a implantar de forma gradual un nuevo método de cálculo de la pensión inicial que irá ampliando los años que se utilizan para cuantificar la cuantía de la jubilación hasta llegar en 2038 a los últimos 29 años con el descarte de los dos peores. Durante este periodo y hasta 2043 convivirá con la actual fórmula que se basa en los últimos 25 años cotizados y la Seguridad Social reconocerá de oficio la más beneficiosa para los nuevos jubilados. A partir de 2044 ya solo operará el nuevo.

Se subirán las bases máximas de cotización a la Seguridad Social a partir de 2024 año a año un 1,2% extra a los precios hasta acumular un alza del 38% en 2050. Sin embargo, las pensiones máximas solo se elevarán un 3,15% adicional en este periodo, aunque en 2051 tendrán incrementos adicionales que llegarán al 20% en 2065.

Se establece una senda de subidas de las pensiones más bajas, mínimas y no contributivas, inspirada en la evolución del salario mínimo. En el caso de las pensiones mínimas con cónyuge a cargo, la senda es hacia la convergencia con el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos en 2027 (más de 1.180 euros al mes), mientras que las pensiones no contributivas convergerán en ese mismo año con el 75% del umbral de la pobreza de un hogar unipersonal (cerca de 600 euros mensuales).

La cobertura de lagunas de cotización se mejora para las mujeres y el complemento de la brecha subirá un 10% adicional a su revalorización anual en el bienio 2024-2025.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 'fiscalizará' la reforma a fin de que el gasto en pensiones no supere el 15% del PIB. Para ello, publicará y enviará al Gobierno, desde marzo de 2025 y cada tres años, un informe de análisis sobre cómo van evolucionando los ingresos.

En caso de que detecte un exceso del gasto en pensiones, se propondrá al Pacto de Toledo medidas para eliminarlo vía aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa que eleve los ingresos o reduzca el gasto en pensiones o una combinación de ambas. Si estas medidas se retrasaran en el tiempo, la norma prevé aumentar la cotización del MEI para compensar dos décimas partes del exceso estimado a partir del 1 de enero del año siguiente y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas del mismo impacto o el exceso de gasto sea corregido.

Todos los alumnos universitarios o de Formación Profesional (FP) que hagan prácticas formativas serán incluidos en el sistema de Seguridad Social, aunque se aplicará una reducción del 95%a las cotizaciones por contingencias comunes.