El Pacto de Toledo ya tiene listas sus conclusiones para la reforma de las pensiones

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a determinar en tres meses posibles excepciones a las penalizaciones existentes en la pensión para las jubilaciones anticipadas.

Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras de cotización.

Según han informado fuentes parlamentarias, las recomendaciones que aprobará la Comisión que preside la exministra socialista Magdalena Valerio reclama al Gobierno evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron estas prejubilaciones y a sus carreras de cotización.

En un primer momento, los grupos contemplaban recomendar un estudio para analizar posibles excepciones pero finalmente el texto incluido en las recomendaciones, ya prácticamente cerradas a falta de un último visto bueno la próxima semana, pone fecha a ese análisis y le llama a determinar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones a estas penalizaciones.

Esta será una de las recomendaciones que verán la luz en los próximos días, pues según han reconocido varias fuentes, el texto definitivo está prácticamente atado, a falta de tan solo una reunión, fechada para el próximo viernes 23 de octubre, con la previsión de votarlas ya en Comisión cuatro días después, el martes 27.

Entre las principales aportaciones del Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.

Este consistiría en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social.

Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión -hasta 25 años en 2022- pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

Finalmente, además respaldar medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización, emplazando al Gobierno a identificar en tres meses qué excepciones podrían darse para esas penalizaciones, especialmente cuando la jubilación hubiera sido forzosa por la crisis.

El nuevo texto, además, incluye una recomendación 'cero' con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una «transformación radical» del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad o incluso eventuales reformas que afecten a los mismos.

Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como «fuente básica» de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.