Los puntos esenciales de las nuevas pensiones que se quieren anunciar «esta semana»

Llegan las nuevas pensiones. Aún no hay fumata blanca, pero el acuerdo está prácticamente cerrado. A la espera de la confirmación oficial, el pacto entre Gobierno, sindicatos y patronal sobre la reforma de las pensiones es inminente. Podría ser rubricado y presentado públicamente «esta semana», según apuntan fuentes de la propia negociación. Desde principios de año se están celebrando una serie de reuniones que han dejado la reforma en todas las situaciones posibles. Desde la casi ruptura entre partes hasta el acuerdo «próximo» que se está detallando desde hace semanas. Durante este tiempo tanto el Ejecutivo como desde los agentes sociales sí han acordado nuevos mecanismos que condicionarán el importe de las futuras pensiones de los jubilados, así como el de las que ya se encuentran en vigor a través de su sistema de revalorización. De esta forma, ambas partes describen que hay tres puntos esenciales acordados para un nuevo sistema del que quedan solventar unos pocos «flecos«.

Las negociaciones entre el departamento que dirige el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y el resto del diálogo social, han sido más intensas en las últimas jornadas. El propio Escrivá pedía paciencia recientemente. Será cuestión de elegir el mejor momento político para exponerlo a la luz. El texto tendrá que pasar primero por el Consejo de Ministros; después iniciará la tramitación parlamentaria; y finalmente podría estar aprobado antes de que finalice 2022.

Sin embargo, este mismo lunes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aclaró que aún no hay un acuerdo sobre la mesa ya que quedan «flecos por negociar». Garamendi quiso calmar los ánimos, aunque el Gobierno «quiera dar noticias todos los días». Y confió en el pacto, aunque por ahora -dijo- solo «progresa adecuadamente».

Lo que sí son más claros, a falta de detalles, siempre presentes en los últimos flecos de cualquier negociación, son los grandes ejes que cambiarán a medio plazo: el nuevo método de jubilaciones anticipadas -con penalizaciones mensuales, por una parte, y apoyo económico, por otra-; la revalorización de las prestaciones vinculada de nuevo al IPC por ley; o medidas como el fin del factor de sostenibilidad aprobado en la reforma de 2013, por el que se vinculaba el importe de las nuevas pensiones a vectores como la esperanza de vida.

Uno de los objetivos de la norma pasa por prolongar la edad real de jubilación frente a la legal. Para este año, la legal se encuentra en los 66 años, mientras que la real se halla por encima de los 64 años.

La pensión tendrá un aumento al 4% (actualmente es un 2%) por cada año que el trabajador retrase su jubilación. Ese porcentaje puede ser sustituido por un solo pago anual. Así, una persona que cobre 9.569 euros (683 euros al mes) podrá optar a una prima de 4.786 euros.

También habrá un nuevo sistema de penalizaciones para la jubilación anticipada. Una persona que haya cotizado menos de 38 años y seis meses y que decida adelantar su jubilación dos años, su pensión se verá reducida en un 21%. Pero no será un recorte anual ni trimestral, sino que irá aumentando por cada mes que se anticipe la jubilación.

Para aquellas personas que se vean obligadas a jubilarse por haber sufrido un despido, podrán hacerlo hasta cuatro años antes de la edad legal. Para este colectivo, la pensión se reducirá entre un 30% y un 0,5%, en función de los meses en que se adelante el retiro y del tiempo ya cotizado.

Por otra parte, el anteproyecto también aclara cómo se revalorizarán las pensiones a partir de ahora. La subida tendrá en cuenta el IPC de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. En caso de que el IPC resultase negativo, las jubilaciones no se reducirían, sino que se mantendrían igual. En algún momento de la negociación, el Gobierno llegó a plantear una compensación de la inflación negativa de un año durante varios ejercicios posteriores, aunque esa idea decayó.