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Colpisa | Reuters | Europa Press
Madrid
Sábado, 11 de marzo 2023, 01:33
El Ministerio de Seguridad Social que lidera José Luis Escrivá ha propuesto a los agentes sociales cambios en el cómputo de la pensión para que se calcule o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores. Esto permitirá en la práctica que el cómputo en este segundo caso será de 27 años, de forma que se pueda elegir lo que resulte más ventajoso para el trabajador que se jubile.
Sin embargo, esta no es la única gran medida que incluye la segunda fase de la reforma de las pensiones, que aún tiene que atar el destope de las cotizaciones máximas, puesto que en la actualidad los salarios por encima de los 53.958 euros anuales no cotizan al sistema, medida que sí lograría insuflar de más recursos a un sistema que lleva años en números rojos.
Según informa Reuters, un llamado «impuesto de solidaridad« eliminará temporalmente las exenciones de impuestos de las contribuciones sociales para personas con altos ingresos. La mayoría del nuevo impuesto será pagado por los empleadores de estos trabajadores.
«Hemos alcanzado un acuerdo para proteger las pensiones y reforzar el carácter redistributivo del sistema. Lo haremos incrementando los ingresos que aportarán las empresas por los salarios más altos y protegiendo más las pensiones más bajas», ha admitido Yolanda Díaz.
Lo que propone Escrivá es implantar una cotización adicional para la franja más alta de los salarios de los trabajadores, a partir de la cual no se paga a la Seguridad Social. En la actualidad la base máxima de cotización se sitúa en los 4.495,5 euros al mes, lo que supone que los salarios a partir de los 53.958 euros anuales no cotizan al sistema porque están exentos. Su objetivo es aumentar un 30% en términos reales esta cotización en las próximas décadas, esto es, un incremento adicional fijo de 1,154 puntos porcentuales desde 2025 hasta 2050, para situarlo bastante por encima de los 70.000 euros, a lo que hay que añadir la subida anual por la evolución de la inflación.
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El gobierno también planea duplicar del 0,6% una contribución social recientemente introducida conocida como el «Mecanismo de Equidad Intergeneracional» que fue diseñado para generar más ingresos. El gobierno estima que los ingresos de recaudación de ese mecanismo serán de 2.800 millones en 2023.
El gobierno tendrá que persuadir a los sindicatos para que acepten aumentar el número mínimo de años de cotización de 25 a 29 años, un aspecto clave de la reforma requerida para la aprobación de Bruselas. Propone que ese aumento sea voluntario hasta 2044.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confiado en llegar a un consenso con los agentes sociales en la reunión de este viernes en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para impulsar la reforma de pensiones, que asegura que dará «seguridad y estabilidad» a los mayores y a sus jubilaciones.
El jefe del Ejecutivo ha asegurado que la reforma que se presenta en la mesa de diálogo social «va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, reforzar la equidad del sistema y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones».
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado este viernes que el acuerdo alcanzado con el PSOE para la reforma de las pensiones «refuerza las pensiones más bajas», que afectan especialmente a las mujeres, así como el carácter «redistributivo del sistema».
El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha reclamado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que la reforma de las pensiones no sea «a costa» de los futuros pensionistas y garantice que haya dinero en la hucha para que puedan cobrarla los nacidos entre 1960 y 1980.
Pons ha reivindicado que las pensiones y su poder adquisitivo «deben estar garantizados. Pero también debe estar garantizado que cobraremos pensiones los que nos vamos a jubilar en los próximos 10 ó 15 años», ha continuado, y ha señalado que le da «mucho miedo» que el plan de Escrivá ponga el riesgo el sistema a largo plazo y sirva para «asegurar las pensiones de hoy a costa de los que ahora tenemos entre 40 y 60 años».
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