redacción / efe
Viernes, 9 de octubre 2020, 16:19
Se avecina una reforma más o menos importante en el sistema nacional de pensiones. El Gobierno ultima un acuerdo basado en el Pacto de Toledo para que a futuro varíe de forma sustancial el ingreso total de las prestaciones que el Estado concede mensualmente. Cierto es que la crisis del coronavirus ha podido trastocar las cuentas económicas, pero ya esta semana el presidente Pedro Sánchez presentaba un nuevo plan nacional en el que se incluían cambios en las jubilaciones anticipadas y en los planes de pensiones.
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El Pacto de Toledo planteará poder elegir los años de cotización con los que se calcula la pensión para poder mejorar la prestación cuando el trabajador haya pasado por periodos de crisis con salarios más bajos.
Los partidos políticos que componen el Pacto de Toledo están a punto de aprobar la veintena de recomendaciones que prácticamente estaban cerradas en la anterior Legislatura y entre las que se encuentra que las pensiones se revaloricen según el IPC real, al tiempo que han incluido nuevas propuestas como poder elegir los años con mejores bases de cotización.
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En este sentido, la reforma de las pensiones de 2011 establecía ampliar de 15 a 25 años, de forma progresiva hasta 2022, el periodo de cotización sobre el que se calcula la pensión.
Los partidos políticos han planteado que se puedan elegir los años más favorables con el fin de que la prestación final no se vea mermada en caso de que el trabajador haya empeorado su puesto laboral durante los años de crisis económica.
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El objetivo es beneficiar a colectivos de una determinada edad o a trabajadores que han sufrido una reducción significativa de sus bases de cotización durante un largo periodo de tiempo.
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Sobre la mesa del Pacto de Toledo ya no está el debate de que pueda computarse toda la vida laboral del trabajador para calcular el importe de la pensión y en todo caso sería el Gobierno el que posteriormente podría profundizar sobre una reforma de más calado.
Diversas fuentes parlamentarias han señalado a EFE que el grueso se las recomendaciones se podría votar «en días» y que la comisión trabaja en buscar la unanimidad en dicha votación, sobre todo para vencer las reticencias que mostró VOX el día que se constituyó la comisión en la XIV Legislatura, cuando votó en contra de la misma.
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Los partidos han trabajado sobre los textos pactados en 2019 y han retocado algunas recomendaciones para adaptarlas a la actual situación provocada por la COVID-19, ha señalado un diputado de la comisión.
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Sin embargo la esencia de las 21 recomendaciones anteriores se mantiene, como la de continuar avanzando en la edad legal de jubilación hasta los 67 años según la reforma de 2011 o la de asimilar los derechos de los trabajadores del régimen especial de autónomos con los que tienen los del régimen general y que los trabajadores por cuenta propia coticen por sus ingresos reales.
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Las recomendaciones también preservan el fondo de reserva como garantía ante situaciones difíciles y mantendrán las condiciones de jubilación de las clases pasivas (empleados públicos), actualmente en los 60 años.
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