Una trabajadora se jubila a los 56 años con una pensión de 2.070 euros pese a que la Seguridad Social se lo denegó inicialmente

Una mujer de 56 años ha conseguido cobrar una pensión de jubilación de 2,070 euros después de que la Seguridad Social se lo denegara en primera instancia, tal y como ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El tribunal ha reconodido el derecho de la trabajadora a recibir la prestación anticipada con el 100% de la base reguladora tras desetimar el recurso inciial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La demandante, con una discapacidad reconocida del 68%, solicitó cobrar la pensión de jubilación al cumplir los 56 años, pero su solicitud fue rechazada alegando que no cumplía los años mínimos de cotización. La trabajadora, que padecía una sordera bilateral desde la infancia, había trabajado durante más de 36 años en condiciones que tenían en cuenta sus limitaciones.

En este sentido, la demandante solicitó en marzo de 2021 la jubilación anticipada por discapacidad, amparándose en el Real Decreto 1539/2003, que permite reducir la edad de jubilación para aquellas personas que padezcan un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Según figura en la sentencia STSJ PV 2644/2023, el INSS denegó su solicitud y cuestionó que las patologías acreditadas justificaran la aplicación de los coeficientes reductores en su caso.

El punto clave de todo esto radica en el incremento del grado de discapacidad. Ya que en un primer momento, allá por 1988 se le otorgó un 51% que fue incrementado en 2006 hasta el 68%, tras una actualización de los baremos de valoración, sin que ello implicara un cambio en la estabilidad de su condición.

La Seguridad Social, estableció que la trabajadora no cumplía con el requisito de edad mínima para acceder a la jubilación anticipada, al no aplicar de manera retroactiva el grado del 68% a todo el período trabajado. Todo esto, a pesar de que esta mujer había realizado una simulación en la web de la Seguridad Social que confirmaba que cumplía los requisitos.

Tras la denegación, la trabajadora presentó una reclamación administrativa previa que a la postre también sería denegada. Tras agotar la vía administrativa, la demandante decidió llevar el caso a los tribunales para reclamar su derecho de jubilación.

El Juzgado de lo Social número 2 de Vitoria-Gasteiz dio la razón a la mujer considerando probado que había trabajado durante más de 36 años con una discapacidad significativa y que, aunque el grado del 68% no fue formalmente reconocido hasta 2006, esta condición existía desde su infancia. De forma que se consideraba que cumplía con los requisitos legales establecidos para aplicar los coeficientes reductores a trabajadores con discapacidades graves.

No obstante, la Seguridad Social se mostró disconforme con el fallo e interputo un recurso ante el TSJPV argumentando que la actualización podía aplicarse de manera retroactiva, como se ha mencionado anteriormente. Finalmente, el TSJPV confirmó el fallo del Juzgado de lo Social, desestimando el recurso de la Seguridad Social. El tribunal determinó que la discapacidad había sido estable desde la infancia y que el reconocimiento del 68% en 2006 no reflejaba un empeoramiento de su condición, sino un cambio en los baremos de valoración aplicados. Por lo tanto, el periodo de cotización debía computarse desde el inicio de su vida laboral, considerando su discapacidad.

Puedes consultar la sentencia en el siguiente documento PDF:

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